Las iniciativas, impulsadas por la Coalición Cívica, buscan adaptar la normativa local a una realidad que ya se impone en la práctica. “Las aplicaciones ya existen y las usan miles de vecinos todos los días, ya sea para viajar o trabajar”, sostuvo el concejal Guido García, uno de los autores de los proyectos.
El Concejo Deliberante volverá a poner en discusión este lunes el futuro de las aplicaciones de transporte en la ciudad, en un contexto marcado por su uso creciente y la falta de un marco normativo específico. La comisión de Movilidad Urbana retomará el tratamiento de una serie de proyectos que apuntan a regular la actividad y, al mismo tiempo, dejar atrás la actual ordenanza que prohíbe su funcionamiento.
Las iniciativas, impulsadas por la Coalición Cívica, buscan adaptar la normativa local a una realidad que ya se impone en la práctica. “Las aplicaciones ya existen y las usan miles de vecinos todos los días, ya sea para viajar o trabajar”, sostuvo el concejal Guido García, uno de los autores de los proyectos.
El eje central de la propuesta es la creación de un Registro Municipal de conductores de aplicaciones, con requisitos considerados accesibles: documentación del vehículo, licencia vigente, seguro al día, antecedentes penales y verificación técnica. El objetivo es establecer un sistema ágil que permita ordenar una actividad que hoy se desarrolla sin regulación formal.
En paralelo, otra de las iniciativas plantea eliminar las sanciones vigentes para quienes trabajan con estas plataformas, en línea con la intención del oficialismo de despenalizar la actividad y reconocerla dentro del esquema de transporte urbano.
El proyecto también contempla la integración del sistema tradicional, habilitando que taxis y remises puedan incorporarse automáticamente al registro y operar mediante aplicaciones, en busca de equilibrar la competencia.
El debate se da además en un escenario de expansión del sector a nivel nacional. En las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una inversión de 500 millones de dólares por parte de Uber para los próximos tres años en Argentina, con el objetivo de ampliar su operación en el país.
“No se trata de enfrentar modelos, ese es un debate del pasado, sino de integrarlos”, afirmó García, quien remarcó la necesidad de “terminar con una situación contradictoria donde la actividad existe pero está alcanzada por sanciones”.
La discusión promete abrir posiciones encontradas dentro del Concejo, en un tema que desde hace años genera tensiones entre los distintos actores del sistema de transporte.