Con una mayoría ya consolidada, el oficialismo buscará esta tarde aprobar la regulación de las plataformas digitales de viajes. La oposición anticipó su rechazo y el debate promete marcar un antecedente para otros municipios bonaerenses.
El Concejo Deliberante volverá a sesionar este jueves desde las 15 con un tema que genera fuertes discusiones desde hace años: la regulación y habilitación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata. El oficialismo llega con la mayoría al recinto para avanzar con la iniciativa promovida por el Ejecutivo municipal.
La propuesta ya obtuvo despacho favorable en las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación con el acompañamiento de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica. En la vereda opuesta se ubicaron Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador, que manifestaron su rechazo al proyecto.
La ordenanza prevé la creación de un registro específico para las Empresas de Tecnología de Movilidad, es decir, las firmas que operan como intermediarias entre pasajeros y conductores a través de aplicaciones. La regulación apunta a las compañías y les asigna la responsabilidad de controlar que quienes prestan el servicio cumplan con los requisitos establecidos.
Entre las condiciones exigidas figuran la licencia profesional correspondiente, la presentación anual del certificado de antecedentes penales y la acreditación de la titularidad o autorización para utilizar el vehículo. Además, las plataformas deberán garantizar que las unidades cuenten con seguro específico, documentación en regla, Verificación Técnica Vehicular vigente y una antigüedad máxima de 15 años.
El esquema también establece que los viajes solo podrán contratarse mediante aplicaciones digitales, mientras que la captación de pasajeros en la vía pública continuará siendo una atribución exclusiva del servicio de taxis. Asimismo, las empresas serán responsables solidarias frente a eventuales perjuicios que puedan sufrir usuarios o terceros.
La normativa contempla un período de 90 días para que las plataformas y los prestadores adecuen su funcionamiento a las nuevas exigencias.
Durante la misma sesión también se debatirá una actualización del régimen de taxis impulsada por el radicalismo, que habilita la utilización de aplicaciones tecnológicas y extiende de 10 a 15 años la vida útil de las unidades.