El cobro de tasas vuelve a exponer las diferencias entre el Municipio y La Libertad Avanza
El cobro de tasas vuelve a exponer las diferencias entre el Municipio y La Libertad Avanza
Mientras el gobierno de Javier Milei cuestiona los gravámenes comunales, un proyecto impulsado por un diputado bonaerense de LLA busca limitar su aplicación. En General Pueyrredon se mantienen el impuesto vial y el cobro de alumbrado público en las facturas de luz.
La discusión por las tasas municipales vuelve a ganar espacio en la agenda política y tiene un capítulo particular en General Pueyrredon. Aunque el gobierno de Javier Milei y la administración local, encabezada por el PRO, mantienen una relación de colaboración en distintos temas, la política tributaria expone diferencias entre ambos espacios: mientras la Casa Rosada cuestiona estos mecanismos de recaudación, el Municipio sostiene dos gravámenes que están en el centro del debate.
Uno de ellos es la Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal, que se cobra desde el 8 de febrero de 2024 a través de un porcentaje aplicado sobre la carga de combustibles. Pese a los cuestionamientos políticos y judiciales, el tributo continúa vigente. En septiembre, además, la Justicia rechazó una demanda de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas (CETAC) que buscaba declarar su inconstitucionalidad, aunque otro expediente todavía espera una definición de la Suprema Corte bonaerense.
El segundo caso es la tasa de alumbrado público, que comenzó a cobrarse este año mediante las facturas de electricidad. El importe depende de la cantidad de luminarias por cuadra y va desde los $1.000 hasta los $6.700 por inmueble.
En ese contexto, La Libertad Avanza impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto que redefine el concepto de tasa municipal y exige que exista una contraprestación concreta, efectiva e individualizada. También propone mayores controles del Tribunal de Cuentas y la publicación de información sobre los tributos.
La iniciativa fue propuesta por el diputado provincial Pablo Morillo, quien cuestionó que se cobre por servicios que no siempre se prestan. El legislador aclaró que el objetivo no es desfinanciar a los municipios, sino evitar cobros que considera injustificados.
Así, la discusión tributaria vuelve a marcar un punto de diferencia entre el oficialismo nacional y una gestión municipal que, pese a sus coincidencias políticas, mantiene mecanismos de recaudación cuestionados por el espacio libertario.