El ministro de Justicia sostuvo que los adolescentes desde los 14 años comprenden plenamente sus actos y reclamó que Diputados apruebe el proyecto del Ejecutivo, al que definió como “equilibrado” y apoyado en experiencias internacionales.
A pocos días de que la Cámara de Diputados empiece a debatir el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar el régimen penal juvenil, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a respaldar con firmeza la iniciativa que propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El tratamiento en el recinto está previsto para el próximo jueves y, según el funcionario, se trata de una discusión impostergable.
En una entrevista radial, el titular de la cartera de Justicia aseguró que los adolescentes de hoy “saben perfectamente lo que hacen” y que tienen claro qué está bien y qué está mal. En ese marco, cuestionó el argumento de quienes rechazan la reforma por considerar que los menores no pueden comprender la gravedad de sus conductas. “Ese razonamiento podía tener sentido décadas atrás, pero no refleja la realidad actual”, deslizó.
Cúneo Libarona planteó que, en la práctica, existe una sensación de impunidad entre los jóvenes que cometen delitos y también una frustración creciente en las fuerzas de seguridad, que ven cómo muchas detenciones quedan rápidamente sin efecto. A su vez, advirtió sobre el uso de menores por parte de organizaciones delictivas, que los emplean para cometer robos o entraderas por considerar que tienen menor riesgo penal. Según describió, ese fenómeno derivó en la aparición de bandas integradas y dirigidas por chicos cada vez más jóvenes.
Desde su mirada, los dos elementos básicos para la responsabilidad penal —la conciencia del acto y la voluntad de llevarlo a cabo— hoy están presentes en adolescentes de 14, 15 y 16 años. “Comprenden lo que hacen y actúan de manera intencional”, remarcó, al justificar la necesidad de adecuar la ley a esa realidad.
El ministro también respondió a las críticas que apuntan al costo económico que podría implicar la implementación del nuevo régimen. Afirmó que el proyecto no representa un gasto desmedido para el Estado y que fue elaborado con previsiones presupuestarias. En ese contexto, volvió a poner el foco en la situación de la provincia de Buenos Aires, que describió como un escenario de alta conflictividad delictiva que exige respuestas urgentes.
En paralelo, destacó el rol de la ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich en el respaldo político a la iniciativa dentro del Congreso, al considerar que su influencia será clave para lograr los consensos necesarios.
Finalmente, Cúneo Libarona defendió el texto enviado por el Poder Ejecutivo al señalar que fue elaborado tras analizar legislaciones comparadas y consultar especialistas, con el objetivo de alcanzar un punto de equilibrio entre seguridad y justicia. Por eso, instó a los legisladores a discutirlo y convertirlo en ley. “Es una herramienta que el país necesita y tiene que salir”, concluyó.