El bar de gin del Faro de la Memoria vuelve a quedar bajo la lupa de la Justicia

El funcionamiento del espacio gastronómico vinculado al emprendimiento de gin Restinga, instalado en dependencias del Faro de la Memoria, volvió a generar cuestionamientos judiciales. La causa, iniciada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, incorporó nuevos elementos que ponen nuevamente bajo discusión el procedimiento administrativo que derivó en la autorización.

Con el patrocinio del abogado César Sivo, la entidad presentó documentación ante el fuero Contencioso Administrativo, donde el expediente se encuentra en manos del juez Simón Isacch. El planteo apunta principalmente a la representación legal de la Sociedad de Fomento Faro Norte, entidad que intervino en el trámite ante la Municipalidad.

Según sostiene la presentación, quienes firmaron la solicitud municipal no aparecerían registrados como autoridades vigentes de la sociedad ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Además, se señala que la entidad no habría actualizado su documentación ante ese organismo desde fines de 2017.

Para la Asociación, esto excede una cuestión meramente administrativa. El argumento central es que, sin autoridades debidamente registradas, la Sociedad de Fomento no estaría en condiciones de acreditar su representación mediante el certificado correspondiente y, por lo tanto, tampoco de iniciar válidamente el procedimiento para obtener el permiso.

Cuestionan el control municipal

Otro de los ejes del planteo judicial es la aplicación de la Ordenanza 9010, que establece requisitos para las entidades de bien público que realizan gestiones ante el Municipio. Los denunciantes sostienen que la normativa exige mantener actualizada la información institucional y que esas condiciones debieron ser verificadas antes de avanzar con la autorización.

En ese sentido, cuestionan directamente el denominado control de legalidad que debía realizar el Ejecutivo municipal. La Asociación plantea que, si la documentación de la entidad no se encontraba regularizada, el Municipio deberá explicar por qué igualmente consideró válido el expediente.

La controversia también alcanza al destino que finalmente tuvieron las instalaciones del Faro de la Memoria. Los denunciantes sostienen que el proyecto presentado no habría tenido como eje actividades sociales, culturales, deportivas o educativas, sino que habría posibilitado el desarrollo del emprendimiento gastronómico.

Con estos nuevos elementos, la Asociación busca que la Justicia revise la validez del procedimiento y reclama que se declare la nulidad del acto administrativo que permitió el uso de las instalaciones.