Disputa por Punta Mogotes: La Provincia de Buenos Aires busca que intervenga la Corte de la Nación

El conflicto por el control administrativo del complejo balneario Punta Mogotes escaló a la máxima instancia judicial. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Fiscalía de Estado, presentó un recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte bonaerense con el objetivo de que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La medida es un nuevo movimiento en la disputa que enfrenta a la Provincia con la Municipalidad de General Pueyrredon, en un intento por federalizar el debate y evitar que el litigio se resuelva en el fuero local.

El principal punto de discusión en el expediente no es el fondo de la cuestión (la disolución de la administración del complejo), sino qué jurisdicción debe entender en el caso.

El Gobierno bonaerense insiste en que la causa, que involucra a dos esferas estatales distintas, debe tramitarse en la ciudad de La Plata, su domicilio legal.

Tanto el Municipio como la Justicia Contencioso Administrativa de Mar del Plata, ratificada por la Cámara de Apelación y la Suprema Corte bonaerense, han determinado que la causa debe seguir su curso en Mar del Plata, ya que el complejo balneario se encuentra en su territorio.

Al presentar el recurso extraordinario federal, la Provincia busca que sea el máximo tribunal del país el que defina, de manera definitiva, la competencia judicial.

El conflicto se originó a raíz de la demanda presentada por el intendente Guillermo Montenegro, quien busca recuperar la administración total del complejo para el Municipio.

La administración de Punta Mogotes está en manos de un ente mixto desde la época de la última dictadura militar, con participación mayoritaria de la Provincia. Para disolver este esquema y que el control pase a ser 100% municipal, la Comuna debe saldar una deuda histórica con la Provincia.

El Municipio intentó realizar el pago de la deuda por vía administrativa, pero la Provincia se negó a recibirlo, argumentando que General Pueyrredon no es el deudor original. Esto obligó a la Comuna a realizar un pago en consignación judicial, que es lo que desencadenó el actual litigio.

Fuentes cercanas a la Provincia señalan que la movida judicial busca, por un lado, definir la competencia y, por otro, paralizar el avance de la municipalización al estirar los plazos y trasladar la definición de fondo hasta después de la temporada de verano 2026.

La Corte Suprema de la Nación será ahora la encargada de decidir si acepta el recurso extraordinario y se convierte en el árbitro final de esta prolongada disputa territorial y administrativa.