La sesión será el próximo jueves y fue solicitada por el diputado Cristian Ritondo. El proyecto busca impedir a los dirigentes condenados en segunda instancia poder ser candidatos en las elecciones nacionales, una normativa que tiene como principal apuntada a la expresidenta Cristina Fernández.
Las autoridades del la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial para este jueves a las 10 para tratar el proyecto de Ficha Limpia y juicio en ausencia.
Ese día el oficialismo, el PRO y la UCR buscarán sancionar el proyecto de ley que permite el juicio en ausencia en delitos graves de lesa humanidad para aquellos imputados que se hayan fugado o no se encuentren en el país, tal como sucede con los iraníes acusados por el atentado a la sede de la AMIA.
La del jueves será la última sesión del primer período ordinario del gobierno de Javier Milei. La misma fue solicitada por el legislador del PRO, Cristian Ritondo.
Allí la Libertad Avanza y los dialoguistas insistirán en el debate del proyecto de Ficha Limpia. El mismo busca impedir a los dirigentes condenados en segunda instancia poder ser candidatos en las elecciones nacionales, una normativa que tiene como principal apuntada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El oficialismo, junto a los aliados, había intentando aprobar Ficha Limpia el miércoles pasado, pero la sesión fracasó porque les faltó un diputado para llegar al quórum necesario de 129 legisladores; en esta ocasión, sumó al temario el juicio en ausencia. Para aprobarse, la propuesta de Ficha Limpia debe ser aprobada por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado.
Actualmente solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia. El dictamen de mayoría plantea como estándar mínimo para la inhabilitación electoral el principio de doble conforme, es decir, la condena en segunda instancia.
Abarca los delitos penales de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública.