Desde la Universidad Nacional de Mar del Plata pidieron “cuidar la educación pública”

Consejeros y consejeras superiores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en representación de todas las Unidades Académicas y cuerpos que la conforman y en vísperas de una nueva elección general de representantes legislativos y ejecutivos emanados de la voluntad popular, expresaron «con firmeza» que “la educación pública es un derecho y un bien social a defender”. Al mismo tiempo, reivindicaron “la producción de conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico de nuestras Universidades, Centros e Institutos”.

El comunicado

Consideramos pertinente ratificar dichas convicciones, a cuarenta años de la recuperación democrática, y con la intención de reivindicar un sistema público de enseñanza, aprendizaje e investigación que está siendo debatido en el seno de nuestra sociedad, producto de expresiones y propuestas electorales que consideran a la educación y a la ciencia como bienes transables en un mercado, con sus correspondientes ofertas y demandas.

Es en ese sentido que rechazamos las propuestas que se han presentado en tal dirección y nos vemos en la necesidad de alertar a la comunidad sobre el significado de las mismas.

Las Universidades públicas nacionales y provinciales y el CONICET concentran la amplia mayoría de la investigación que se realiza en nuestro país. Su tarea es esencial, pues contribuye al desarrollo, la innovación, la extensión, la vinculación y la transferencia del conocimiento. Como tal, resulta de vital importancia para el desarrollo de una sociedad que pretenda ser soberana en materia científica y tecnológica. Sus investigaciones y desarrollos nos permiten proponer soluciones a problemas locales que frecuentemente no resultan de interés para el mercado. A su vez, el sistema universitario público nacional y provincial constituye el principal espacio de formación de nuestro país. Mediante 67 instituciones inspiradas en los valores de la reforma universitaria de 1918 y en el Decreto de Gratuidad Universitaria de 1949, permite que más de 2 millones y medio de estudiantes ejerzan su derecho a la formación superior en todas las ramas del conocimiento, constituyendo uno de los principales vehículos que permiten la movilidad social, una mayor igualdad, equiparación de oportunidades y el desarrollo del país.

El recorte de presupuesto, el arancelamiento o la directa eliminación de la Universidad Pública redundaría necesariamente en la pérdida, para cientos de miles de estudiantes, de la posibilidad de acceder al derecho a la educación superior.

Como parte de un Sistema Universitario Nacional, somos conscientes de que muchas de las personas que financian con esfuerzo la educación pública, no tienen acceso a ella. Pues el desafío entonces sigue siendo garantizar dicho acceso y no, por el contrario, mercantilizar la educación y el conocimiento. Invitamos a todas y todos a trabajar en conjunto para construir los puentes necesarios que nos garanticen como sociedad, no retroceder en los pocos acuerdos sociales que se han consolidado en estos primeros cuarenta años de democracia. Entre ellos, el valor de la Educación Pública, la Ciencia y la Tecnología.

Por estos motivos llamamos a la reflexión de toda la comunidad sobre las propuestas de quienes serán candidatos presidenciales en las próximas elecciones y les convocamos a defender de manera democrática los derechos de todos y todas.

Queremos, por último, ratificar nuestra visión como comunidad en defensa de lo público, teniendo presente que, para muchos y muchas, es lo único y es de todos/as.