Desde hoy rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: cuáles son los principales cambios
Desde hoy rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: cuáles son los principales cambios
La nueva normativa baja a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado por delitos y establece un sistema especial de penas, medidas alternativas y seguimiento. También fija un máximo de 15 años de prisión y prohíbe la perpetua para menores de edad.
Desde este sábado 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema establecido en 1980 y modifica la edad de imputabilidad. A partir de ahora, los adolescentes mayores de 14 años podrán ser judicializados por delitos contemplados en el Código Penal, aunque continuarán bajo un régimen especial.
La nueva normativa establece que las sanciones deberán contemplar no sólo la responsabilidad por los hechos cometidos, sino también objetivos vinculados con la educación, la resocialización y la integración social.
Entre los principales cambios se encuentra la prohibición de las penas de prisión o reclusión perpetua. Para los adolescentes, el máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años y podrán acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre que reúnan las condiciones previstas.
El encierro tampoco será automático ante cada delito. El régimen incorpora alternativas como restricciones de acercamiento, reparación del daño, reglas de conducta y participación obligatoria en actividades educativas o comunitarias. También contempla la amonestación y el monitoreo electrónico para determinados casos.
Cuando corresponda una privación de libertad, los adolescentes deberán permanecer en instituciones específicas, con personal especializado y separados de personas adultas. El alojamiento podrá realizarse en institutos abiertos, establecimientos especializados de detención o, en determinadas situaciones, bajo arresto domiciliario.
La ley también amplía la participación de las víctimas, que podrán intervenir en el proceso y recibir información sobre el avance de las causas. A su vez, establece responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de los hechos atribuidos a sus hijos.
Uno de los principales interrogantes estará puesto en la capacidad operativa del sistema. Juzgados de menores advierten sobre un posible incremento de expedientes y dudas respecto de recursos humanos, infraestructura, dispositivos electrónicos y supervisores especializados.
Para implementar el régimen, el Congreso asignó $23.739.155.303,08. Mientras algunas provincias ya avanzaron con protocolos y mesas de trabajo, a nivel nacional continúan las conversaciones para unificar criterios de aplicación.