Denuncian que la implementación del sistema acusatorio avanza sin inversión en infraestructura, tecnología, ni personal

A días de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, el gremio que representa a los trabajadores judiciales, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), declaró el estado de alerta en todo el país. Denuncian que la implementación del sistema acusatorio avanza sin inversión en infraestructura, tecnología, ni recursos humanos, y que se está llevando adelante de manera improvisada y sin certezas para los trabajadores.

Para visibilizar la situación, este lunes 7 de abril a las 11 de la mañana se realizará un banderazo frente a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, ubicada en Diagonal Pueyrredon 3138. La protesta será replicada en distintas jurisdicciones del país.

Desde la Regional 4 de la UEJN, que abarca Mar del Plata, Azul, Dolores, Tandil y Necochea, su secretario general Rubén Elizondo remarcó que los judiciales comparten el espíritu de la reforma, pero advirtieron que la ausencia de inversión pone en riesgo su funcionamiento: “Será un cambio fundamental para la agilización y transparencia de los procesos judiciales. Sin embargo, debemos reiterar las serias deficiencias en infraestructura, recursos humanos —particularmente en el Ministerio Público Fiscal—, tecnología y movilidad que se presentan en esta instancia”.

Los trabajadores también denunciaron que a pocos días de la implementación, no cuentan con información clara sobre sus nuevas funciones, dependencias ni lugares de trabajo, lo que genera una situación de incertidumbre generalizada. “Para la necesaria puesta en marcha del sistema acusatorio nadie tomó en consideración la profunda incertidumbre que este cambio genera. Los empleados y empleadas aún no saben dónde van a trabajar, quién será su titular, ni cuál será su nueva función”, expresó Elizondo.

A esta situación de desorganización se suma el reclamo por la pérdida salarial acumulada, que ronda el 30% desde diciembre de 2023. En lo que va del 2024, los judiciales sólo recibieron un aumento del 1,8% retroactivo a enero.

Desde la UEJN exigieron al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Corte Suprema la inversión inmediata en infraestructura, tecnología y personal, así como la reglamentación del traspaso de trabajadores del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal, tal como estipula la ley.

“Es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de garantizar el servicio de Justicia contemos con los recursos y la información necesaria. De lo contrario, la implementación del nuevo sistema será una carga más sobre las espaldas de los trabajadores”, concluyó el dirigente gremial.