Denuncian que avanzan con obras sobre los médanos de la costa sur de Mar del Plata mientras la Justicia demora una cautelar

La construcción de ocho edificios de 14 metros de altura sobre la primera línea de médanos, en la margen sur de la desembocadura del arroyo Corrientes, volvió a poner en agenda los negocios inmobiliarios versus las leyes ambientales en Mar del Plata. La Asamblea Playas del Sur denunció el inicio de las obras ilegales, y advirtió que el avance inmobiliario pone en riesgo tanto el paisaje costero como la integridad de la Reserva Paseo Costanero Sur. El proyecto es impulsado por el Fideicomiso La Reserva Explanada, en las playas del barrio Alfar.

En un documento difundido este miércoles, la organización vecinal señaló que los trabajos comenzaron con una demarcación de la línea de ribera desactualizada, cuya validez había quedado sujeta a un posterior sustento técnico de la Autoridad del Agua (ADA), elaborado en 2022. Según denunciaron, ese informe no fue incorporado como instrumento normativo. También cuestionaron que el Municipio otorgara el permiso de obra el 15 de julio, un mes después del inicio de los trabajos y condicionado a la convalidación provincial de la Ordenanza 25.848, que llegó recién en octubre mediante la Resolución 493/2026.

La Asamblea advirtió que ya se habían realizado excavaciones de aproximadamente 800 metros cuadrados y seis metros de profundidad, y difundió imágenes de una base de hormigón construida junto al arroyo. Entre las consecuencias ambientales que atribuye al emprendimiento, mencionó la remoción de médanos, el desmonte de especies vegetales implantadas y la impermeabilización del suelo, que podría agravar los problemas de escurrimiento e inundaciones tanto en el predio como en los barrios cercanos. También alertó sobre posibles afectaciones al patrimonio paleontológico y arqueológico y al acceso a las playas públicas. Además, cuestionó el estudio de impacto ambiental preliminar presentado por la empresa, al que atribuyó información falsa y tendenciosa.

El otro frente de la denuncia apunta a la Justicia. Los vecinos cuestionaron al juez contencioso administrativo Simón Isach y a la Cámara de Apelación por mantener sin resolución, desde hace cuatro meses, una medida cautelar urgente. El conflicto se originó cuando el magistrado condicionó el avance del trámite al pago de tasas judiciales, decisión que fue apelada por los demandantes bajo el argumento de que los procesos ambientales deben ser gratuitos.

Como antecedente, la Asamblea invocó un fallo de la Corte Suprema del 9 de octubre, en la causa “Asociación Civil Árbol de Pie”, donde el máximo tribunal dispuso suspender provisoriamente los efectos de una norma cuestionada mientras seguían pendientes definiciones procesales. Para los vecinos, ese pronunciamiento respalda la posibilidad de adoptar medidas interinas de protección ambiental sin esperar la resolución de todas las cuestiones del expediente.

Además, denunciaron que la Fiscalía de Estado mantiene pendiente desde julio una definición sobre el sustento técnico de la línea de ribera. Para la organización, el conflicto excede las ocho construcciones: está en juego el futuro de todo el frente costero sur y la posibilidad de un avance inmobiliario irreversible sobre un espacio natural y de acceso público.