Denuncia por amenazas y ataques: el titular de Gastronómicos llevó el caso a la Justicia

El secretario general del sindicato de Gastronómicos, Pablo Santín, presentó una denuncia penal ante la Justicia tras una serie de episodios de amenazas, presiones y ataques que, según relató, se habrían producido en los últimos años y que incluso incluyeron hechos violentos contra bienes vinculados a su entorno familiar.

La presentación quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 12 del Departamento Judicial Mar del Plata, donde interviene el fiscal Luis Alberto Ferreyra. De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, los conflictos comenzaron hacia fines de 2021, cuando el dirigente asumió la conducción de la seccional local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Según el relato, en ese período algunas personas comenzaron a acercarse al sindicato con distintos planteos vinculados a la posibilidad de participar en actividades de la organización. Con el paso del tiempo, esos pedidos se habrían transformado en insistentes reclamos por puestos laborales, beneficios y accesos a instalaciones del gremio.

Desde la conducción sindical indicaron que, ante la negativa a esos requerimientos, comenzaron a registrarse situaciones de presión y mensajes intimidatorios. Con el correr de los meses, el conflicto habría escalado hasta derivar en hechos de mayor gravedad.

Entre los episodios denunciados se encuentran ataques ocurridos en un domicilio familiar ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia, donde en un lapso aproximado de diez días se registraron varios hechos violentos. De acuerdo con la presentación judicial, en ese período se produjeron dos incendios intencionales contra un vehículo y un ataque a balazos contra otro automóvil perteneciente a un familiar del denunciante.

Todos estos hechos fueron denunciados oportunamente y actualmente son investigados por las fiscalías N.º 10 y N.º 12, con la intervención de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que busca determinar responsabilidades y posibles vínculos entre los distintos episodios.

En el marco de la causa, los investigadores realizaron procedimientos en instalaciones del Club Atlético Alvarado, donde se secuestraron dispositivos de almacenamiento de imágenes y equipos vinculados al sistema de cámaras de seguridad con el objetivo de analizar registros que puedan aportar información relevante para la pesquisa.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas. Los investigadores intentan establecer si los ataques formaron parte de una misma maniobra de intimidación y si hubo más personas involucradas en los hechos. Mientras tanto, desde la denuncia se solicitó a la Justicia que se adopten medidas de protección para resguardar la seguridad del dirigente y de su grupo familiar.