Delegando responsabilidades

La cámara que nuclea a las empresas de transporte público de pasajeros ha solicitado un nuevo aumento en el valor del boleto. Es muy difícil escribir una nota sobre este tema sin correr el riesgo de ser repetitivo, pero lo intentaremos.

Esta vez la confusión acerca de quién es el encargado de recepcionar el pedido de los empresarios, para evaluarlo y luego tomar una decisión, llegó incluso al punto en que la solicitud fue presentada al Ejecutivo cuando debía ser presentada en la mesa de entradas del Concejo Deliberante. Quisieron ganar algo de tiempo parece.

Es normal que se genere está confusión puesto que en la última década una de las pocas políticas en materia de transporte elaboradas en el seno del deliberativo ha sido delegar facultades, que le son indiscutiblemente propias, en manos del Intendente de turno ante la falta de consenso político.

“Soy consciente que el transporte urbano tiene que mejorar para que todos viajen como se merecen con costos razonables. Lamentablemente somos perjudicados por la abrumadora inflación y seguimos siendo brutalmente discriminados en el reparto de subsidios en comparación al AMBA, reparto que no se modifica pese a los anuncios que se hicieron a nivel provincial y nacional”, indicó Guillermo Montenegro casi adelantando el pedido del sector.

Su afirmación causó algo de revuelo, desde ya sobreactuado, en parte de la oposición ya que la inequidad en el reparto de subsidios es prácticamente indiscutible, pero ante este panorama repetido surge una pregunta obligada: ¿deberíamos seguir hablando o pidiendo subsidios cuando está comprobado que dicha política es ineficiente?.

“Esperamos que este año finalmente el pliego propuesto pueda encontrar el acompañamiento de todos, ya que recepcionó muchas de las opiniones de distintos sectores y otras que ustedes mismos acercaron en su oportunidad”, indicó el jefe comunal. Muy lejos de un mea culpa, pareció un señalamiento a los ediles que hasta ahora han sido incapaces de encontrar denominadores comunes en este terreno.

Pero más allá del tirón de orejas del jefe comunal por la demora en el proceso de licitación que ocasiona la falta de acuerdo en torno al nuevo pliego, es incomprensible que las fuerzas políticas de la ciudad no logren elaborar algunas herramientas para afrontar situaciones tan inevitables como un pedido de aumento en épocas en las que la inflación ronda el 100% anual.

El pliego original aprobado hace más de una década incluía una cláusula gatillo. Al dispararse una serie de indicadores por encima de determinados valores el Concejo debía considerar la posibilidad de otorgar un aumento. Como tantas otras cuestiones cayó en el olvido de la conveniente puja de intereses.

Los empresarios (en este caso del transporte como cualquier otro rubro) tienen entre sus objetivos el de ganar dinero. El Estado es quien tiene el “monopolio del transporte”, puesto que es el poder concedente y cuenta con infinidad de herramientas, algunas empleadas y otros no, para controlar y obligar a los ocasionales prestatarios.

Es el Estado quien debe asegurar la prestación de un servicio público de calidad, las empresas son meros brazos ejecutores que no pueden establecer el precio ni cambiar las condiciones de prestación, sólo deben limitarse a cumplir las condiciones impuestas una vez firmado los contratos.

Todo lo que se diga en torno a este tema en otro sentido no es más que la muestra de incapacidad de aquellos que fueron elegidos por el pueblo para representarlos.

¿Estuvo la política en la post pandemia a la altura para revisar un sistema en crisis? La respuesta es obvia.

El pasajero sigue siendo el centro del sistema, algo que lo transforma paradójicamente en un esclavo del mismo. Luego de las restricciones el problema se hizo aún más evidente. La demanda cayó para nunca volver a la de 2019. La oferta de un servicio público debe mantenerse en niveles que permitan que el mismo cumpla con su función social. Otra vez la oferta y la demanda.

El resultado es la falta de rentabilidad, muchas veces reemplazada por un circo de subsidios que no hacen más que entorpecer el funcionamiento del sistema de transporte.

El sistema se nutre en gran medida en la cantidad de pasajeros que abonan su boleto. Al bajar la cantidad de usuarios este se debilita. Los costos aumentan y los ingresos bajan. De allí surge el remanido argumento de la falta de rentabilidad.

La crisis por las restricciones a la movilidad fue una oportunidad para replantear el servicio: reducir la cantidad de km. ociosos, ordenar los recorridos, evitar la superposición de servicios, implementar el boleto combinado plano y tantas otras medidas que no se tomaron.

Todo siguió más o menos igual. La variable de ajuste son los usuarios, que sufren cada día la disminución en las frecuencias, lo que genera unidades circulando por encima de su capacidad, la eliminación del servicio nocturno y la disminución a la mínima expresión del servicio durante los feriados y fines de semana.

La “ciudad del millón de habitantes” no puede sostener un servicio de transporte pensado para poco más de 600.000. Más allá de la inequidad en el otorgamiento de subsidios y las avivadas propias de aquellos acostumbrados a ser impunes, el Estado hasta ahora solo suma fracasos.

En las próximas semanas asistiremos a una comedia de enredos a la que ya estamos acostumbrados.

El presidente de la comisión de Movilidad dirá casi ofendido que evaluarán el pedido sólo una vez que ingresé al Concejo, la evaluación no será otra cosa que un pedido de informes al Ejecutivo, lugar en el que ya fue presentado, para luego “porotear” y analizar si una nueva delegación de facultades es factible. El aumento estará por debajo del pedido de los empresarios pero por encima del bolsillo de los usuarios. El servicio seguirá siendo pésimo e incluso puede ser aún peor. Los empresarios seguirán “mendigando” y quizás la UTA se movilice por algún incumplimiento salarial.

Ojalá nos equivoquemos, pero el año electoral atenta contra las posibilidades de éxito. Es una historia repetida en la que no se delegan solo facultades, sino que también se delegan responsabilidades y se renuncia a la posibilidad de impulsar un cambio necesario.

En esta aburrida novela no hay inocentes.