El concejal radical Daniel Núñez advirtió que legislar sobre esta temática podría limitar la flexibilidad para adaptarse a cambios tecnológicos y pedagógicos futuros. Propuso que la regulación se maneje a través de resoluciones ministeriales.
Durante la reunión de la comisión de Educación del Concejo Deliberante, el concejal radical Daniel Núñez planteó sus objeciones al proyecto de ordenanza impulsado por Unión por la Patria, que busca regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias municipales. La iniciativa pretende establecer un marco normativo claro para evitar conflictos entre docentes y familias.
Núñez argumentó que establecer reglas mediante una ordenanza podría generar dificultades para adaptarse a futuras necesidades pedagógicas. “A veces no es mejor resoluciones como en Capital Federal, donde no es una ley, es una resolución ministerial. Son decisiones que se toman en base a estudios y que, si después fracasan, se pueden volver atrás rápidamente”, explicó.
En este sentido, destacó que legislar a través de una ordenanza “condiciona mucho más” a las instituciones y al sistema educativo, limitando su capacidad de responder con agilidad a los cambios tecnológicos o metodológicos que puedan surgir.
El edil también se refirió al posible rol educativo de los dispositivos móviles en un contexto de avances tecnológicos. “Hoy la evidencia muestra la innecesaridad de tener celulares en las escuelas primarias, pero la realidad es que el tiempo va avanzando. Los chicos trabajan con inteligencia artificial, en cuestiones de robótica, y muchas veces requieren esta herramienta, que no deja de ser una herramienta más de trabajo en el aula”.
Asimismo, Núñez advirtió que una regulación estricta podría obligar a reabrir el debate en el futuro si las autoridades educativas consideraran necesario reincorporar el uso de celulares en las aulas.
Un marco normativo en discusión
El proyecto de Unión por la Patria busca establecer reglas claras respecto al uso de celulares en las escuelas primarias municipales, contemplando que los dispositivos permanezcan apagados y guardados durante las clases y los recreos, salvo excepciones pedagógicas definidas por los docentes.
Sin embargo, Núñez insistió en que este tipo de regulaciones deberían manejarse a través de la Secretaría de Educación, en lugar de mediante una ordenanza. “Eso es lo que más ruido me hace: ordenarlo por ordenanza y no que sea una resolución de la Secretaría de Educación”, concluyó.
El debate continuará en la próxima reunión ya que el expediente quedó en comisión.