Cuatro nuevos procesamientos en la causa por defraudación millonaria a ANSES

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, en relación a una organización delictiva acusada de los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y alteración dolosa de registros, el juez federal de dicha jurisdicción, Santiago Inchausti procesó a cuatro personas: dos de ellas empleados de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que habrían alterado los registros informáticos de empleadores para viabilizar y falsear relaciones laborales para otorgar beneficios previsionales ilegítimos, y a un hombre y una mujer que los habían tramitado bajo estos mecanismos. El perjuicio económico al Estado ascendería a los 100 millones de pesos.

De acuerdo a la resolución, el rol de dos de los nuevos imputados resultaba clave para la consumación de las maniobras desarrolladas: era necesaria la modificación en los registros de AFIP de ciertos datos respecto de los presuntos empleadores, para la posterior carga de declaraciones juradas que acrediten relaciones laborales falsas.

Una vez realizados estos cambios, “se iniciaba la cadena de actos realizados por la organización delictual investigada, en la que cada miembro desempañaba un rol específico, en pos de conseguir beneficios previsionales para distintos beneficiarios, lo cual redundó en un perjuicio patrimonial millonario para el Estado argentino”, sostuvo el magistrado.

En el marco de la investigación, en mayo de 2018, fueron procesadas ocho personas: tres abogados, un asesor previsional tres médicos y una contadora. Asimismo, en noviembre pasado, la medida se extendió a otros dos médicos y 18 personas que habían tramitado algún beneficio previsional.

Las maniobras desarrolladas

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la organización utilizaba empleadores falsos o sin actividad comercial activa para generar una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados, que resultaron ser los beneficiarios. La intención era fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios.

En ese contexto, teniendo acabado conocimiento de los sistemas de la AFIP y el ANSES, utilizaban el CUIT de aquellos supuestos empleadores falsos, y se declaraban servicios apócrifos en relación de dependencia, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas en la medida en que las contribuciones fijadas por la ley para aquellos trabajadores dependientes, fueron reflejadas fuera de término y dentro de un mismo período.

En muchos de los casos se declararon remuneraciones de importes elevados que se tradujeron directamente en el haber previsional, lo que proporcionó haberes que superaron el monto mínimo legal, y no se realizaron sobre dichos servicios el pago de los aportes y contribuciones correspondientes, conforme indica la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Para ello, la organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas: entre ellas, la alteración de registros del sistema de AFIP, la utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema del organismo aparecían como extraviados; incluso la instalación en el estudio jurídico de un consultorio médico que no estaría habilitado para tal fin, lo que indicaría la capacidad e incidencia de esta organización para lograr dictámenes favorables en la Comisión Médica Nº 12 que conllevaron a elevar el porcentaje de invalidez para habilitar la procedencia del beneficio a realizar; y el ofrecimientos de dinero a médicos de aquella dependencia como modalidad para el caso de que tuvieran que intervenir sobre algún expediente de su estudio.