Crisis en IOMA: La Defensoría pidió informes por una resolución que puede afectar prestaciones a afiliados
Crisis en IOMA: La Defensoría pidió informes por una resolución que puede afectar prestaciones a afiliados
El defensor del Pueblo, Marcelo Lacedonia, reclamó precisiones sobre una medida que permite revisar autorizaciones ya otorgadas, incluidas prestaciones de discapacidad y salud mental. El organismo deberá responder en diez días hábiles.
La Defensoría del Pueblo solicitó informes al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sobre el alcance de la Resolución 2047/2026, una medida que habilita al organismo a revisar autorizaciones de prestaciones ya otorgadas y que, según advirtió el defensor del Pueblo, Marcelo Lacedonia, podría afectar a afiliados que ya cuentan con atención autorizada.
El pedido fue enviado al presidente del Directorio del IOMA, Homero Giles, y el Instituto tiene diez días hábiles para responder. La Defensoría puso el foco especialmente en el impacto que la resolución puede tener en el Partido de General Pueyrredon y en la continuidad de las prestaciones para los afiliados.
La resolución, dictada el 9 de septiembre con efectos desde el 1° de septiembre, invoca un “aumento exponencial en las tarifas pretendidas” por profesionales e instituciones que, según el IOMA, superan los valores establecidos por el Nomenclador Oficial. A partir de ese argumento, instruye a distintas áreas del organismo a “anular, revocar, modificar o sustituir” autorizaciones ya otorgadas, cualquiera sea su vía de origen, incluyendo aquellas vinculadas a requerimientos judiciales.
En principio, la medida alcanza a prestaciones de Discapacidad, Salud Mental y Asistencia Especializada, aunque también contempla su extensión a otros servicios.
Lacedonia cuestionó particularmente que la resolución pueda alcanzar autorizaciones administrativas y judiciales ya reconocidas. “El IOMA no puede revocar por sí mismo las autorizaciones que evaluó, aprobó y notificó”, sostuvo, y agregó que las órdenes judiciales deben cumplirse o apelarse en los plazos correspondientes.
Entre otros datos, la Defensoría pidió conocer cuántas autorizaciones administrativas y judiciales quedarían alcanzadas, qué prestadores cobran por encima del Nomenclador y qué medidas adoptó el Instituto para evitar que esas diferencias recaigan sobre los afiliados o provoquen interrupciones en la atención.
También solicitó información sobre los amparos en trámite y los montos destinados a honorarios, costas y astreintes entre 2023 y 2026. Los datos deberán presentarse desagregados para General Pueyrredon, sin incluir información personal ni médica de los afiliados.