Confirman procesamientos de integrantes de una banda narco que operaba desde hace más de diez años en Mar del Plata

La investigación se inició en 2012 ante la posible vinculación de Sergio Víctor Sala con distintas organizaciones dedicadas al comercio y distribución de estupefacientes en Mar del Plata, distintos puntos del país e incluso en el exterior, donde enviaría “mulas” e incluso correos con sustancias estupefacientes.

A partir del análisis de la causa entendieron que el magistrado de primera instancia “ha formulado una estimación congruente, acorde y plausible que permite tener por acreditada mediante semiplena prueba la vinculación de Sergio Víctor Sala, y de otros componentes de la organización, con distintos sujetos que han sido condenados o vinculados en causas penales referidas al delito de narcotráfico”. A lo largo de la resolución de Inchausti, entendieron, se logró “consolidar el rol de distribuidor o proveedor de material estupefaciente del nombrado en la ciudad de Mar del Plata, como en zonas aledañas, a la vez que mencionó distintos hechos que lo enlazan con envíos de narcóticos al Reino de España”.

Los roles de la organización

Sala está acusado por considerarlo “prima facie” jefe y organizador de la asociación ilícita, en concurso real con el delito de organizador de actividades de narcotráfico y contrabando de estupefacientes, en concurso real –a su vez- con el delito de lavado de activos provenientes de un ilícito, agravado por ser realizado con habitualidad y en el marco de una organización.

También llegan acusadas dos hermanas, María Lorena Sala y Bettina Lorena Sala, ambas por integrar la asociación ilícita y el delito de lavado. Si bien sus defensas intentaron deslindar de responsabilidad penal a las imputadas diciendo que sólo son hermanas del hombre acusado como jefe de la banda, para los magistrados la información que consta en la causa las involucra, entre otras cuestiones, por el nivel de vida que llevan y los bienes a su nombre, que dista notoriamente de la realidad económica que declaran ante los organismos de control.

Incluso aparecen en alguna de las sociedades creadas por la organización mediante las cuales se intentaría convertir la utilidad monetaria de una actividad ilícita, pretendiendo “lavar” su origen espurio y convertirlo en activos con los cuales pueda aprovecharse financieramente el producto de esos delitos. Los jueces repararon en cuatro entidades creadas, entre ellas la concecionaria Mundo Car, que sería la principal pantalla para volcar al mercado financiero el dinero mal habido.

A su vez, están procesadas dos ex parejas de Sala y la hermana de una de ellas: Cintia Delia Taberna, Johanna Taberna y Brenda Maldonado. Se las acusa de ser parte de la asociación ilícita y por el delito de lavado de dinero. Entre la prueba colectada, los magistrados destacaron que en la casa de Cintia Taberna, al momento del allanamiento se secuestraron vehículos y motos que podrían estar vinculados a la operatoria comercial que se realizaba en “Mundo Car”, más de 700 mil pesos y 17 mil dólares, y documentaciones varias que no tendrían relación con las actividades declaradas por la mujer, como talonarios de pago que darían cuenta de ventas de dúplex y diversos rodados, más de veinte cheques y dos pagares.

Sobre Maldonado se planteó que más allá de la relación amorosa habida, se verifica la participación de la nombrada en la estructura delictiva, y también se reparó en la calidad de vida que llevaba, que no era acorde con la realidad declarada ante los órganos de control.

Por último, se analizó la responsabilidad de Tania Sofia Di Norcia y Walter Esteban Josserme, quienes actuarían como testaferros de la organización y están procesados por el delito de lavado de activos agravado, de acuerdo a la documentación que consta en el expediente como la compra de una camioneta a Sala, valuada en más de un millón y medio de pesos, sin ingresos que lo respalden en el caso de la mujer, o una realidad patrimonial no acorde a las ganancias que el hombre obtenía de su actividad.

Al momento de dictar los procesamientos, el juez Inchausti había dispuesto el secuestro preventivo con fines de decomiso respecto de 48 vehículos, sumas aproximadas de 1.150.000 pesos, casi 31 mil dólares, 50 euros, y se cautelaron con idéntico fin 15 inmuebles. El embargo sobre bienes y dinero del líder de la organización, procesado en los términos del artículo 7 de la ley 23.737, fue fijado en los 100 millones de pesos.