Mirada Ciudadana presentó un pedido de control de legalidad para que se deje sin efecto la resolución que confirmó el cierre de la denuncia por presuntas irregularidades en la concesión. Cuestionó la documentación de la empresa adjudicataria y el accionar del Ministerio Público Fiscal.
La Asociación Civil Mirada Ciudadana solicitó al Juzgado de Garantías N.º 6 que deje sin efecto la resolución de la Fiscalía General que confirmó la desestimación de la denuncia por presuntas irregularidades en la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y espacios del Parque Municipal de los Deportes. Además, pidió que continúe la investigación y que aparten a los fiscales intervinientes.
La presentación cuestiona las decisiones de Luis Alberto Ferreyra y Carlos David Bruna, quienes desestimaron la denuncia el 14 de agosto, y del fiscal general Fernández Garello, que confirmó esa resolución el 25 de septiembre.
Uno de los principales planteos apunta a la adjudicación a Minella Stadium S.A. La asociación sostiene que la empresa se constituyó apenas ocho días antes de la sanción de la ordenanza que aprobó el pliego y cuestiona su documentación societaria y financiera.
En particular, señala que la firma incorporó a su patrimonio un aporte irrevocable de hasta 40 millones de dólares atribuido a Revee Real Estate, pese a que los fondos no habían sido integrados en su totalidad. Según Mirada Ciudadana, esa situación incumplía las condiciones de la licitación y debió motivar el rechazo de la oferta. También cuestiona que la empresa obtuviera el puntaje máximo de 100 puntos.
La asociación atribuye posibles responsabilidades al intendente Guillermo Montenegro y a otros funcionarios municipales que intervinieron en el procedimiento. Esas afirmaciones forman parte de la denuncia y no constituyen hechos judicialmente acreditados.
Mirada Ciudadana sostiene que la investigación se limitó a considerar cuestiones administrativas y contractuales, sin profundizar en las posibles conductas penales denunciadas. Además, afirma que el informe de la Unidad de Delitos Complejos se elaboró con documentación incompleta y cuestiona que no se analizaran las pruebas aportadas por la asociación.
Otro de los puntos señalados es que una presentación realizada el 13 de agosto no habría sido considerada antes de que se desestimara la denuncia, un día después. También cuestiona que se rechazara su pedido de audiencia ante el fiscal general.
Por último, solicita que se fije una audiencia, se deje sin efecto la resolución del 25 de septiembre y se disponga la continuidad de la investigación, con el apartamiento de los fiscales intervinientes. La decisión sobre esos pedidos queda ahora en manos de la Justicia.