Junto con Cáritas Nacional y áreas de la Conferencia Episcopal expresaron su preocupación por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Advirtieron que podría afectar la soberanía sobre la tierra, debilitar el rol del Estado y favorecer intereses privados por sobre el desarrollo integral.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto con Cáritas Nacional y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que solicitó rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo, al considerar que vulnera principios centrales de la Doctrina Social de la Iglesia vinculados al bien común, la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes.
Bajo el título “La tierra: madre, hermana y bien común”, el documento expresa una “profunda preocupación” por la iniciativa oficial y sostiene que “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.
Entre los principales cuestionamientos, las entidades eclesiales advierten que el proyecto elimina las limitaciones vigentes para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras, incluyendo aquellas vinculadas con reservas de agua y otros bienes naturales. También cuestionan las modificaciones propuestas sobre el uso de tierras afectadas por incendios, al considerar que flexibilizan restricciones destinadas a proteger esos territorios.
Asimismo, el documento sostiene que la iniciativa “debilita la potestad del Estado” para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y resguardar el interés comunitario, especialmente de los sectores más vulnerables, frente a intereses privados, tanto nacionales como extranjeros.
La carta fundamenta su postura en las enseñanzas de la Iglesia y cita al papa León XIV y al papa Francisco para reafirmar que la tierra “no es una mercancía ni un simple recurso económico”, sino un bien común que sostiene la vida, la producción de alimentos y la identidad de comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Los firmantes también incorporan al debate la problemática habitacional y sostienen que el acceso a la vivienda debe garantizarse mediante un marco jurídico “justo tanto para propietarios como para inquilinos”.

El pronunciamiento se conoce mientras el Senado analiza el proyecto oficial, cuyo tratamiento fue postergado para el 6 de agosto. La iniciativa propone modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en los procesos de desalojo y reformas en las leyes de tierras rurales y de manejo del fuego, con el objetivo declarado por el Gobierno de fortalecer la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica. Frente a ese escenario, la Pastoral Social pidió a los legisladores que orienten su voto “por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.