Ayala puso la lupa sobre los convenios de cobranza y exigió conocer cuánto paga el Municipio en comisiones

La concejal de Acción Marplatense, Eva Ayala, volvió a cuestionar la implementación del sistema de cobro de la Tasa por Alumbrado Público y puso el foco en los convenios que el Municipio mantiene con EDEA y las empresas prestadoras de servicios de cobranza, sobre los cuales aseguró que aún no obtuvo información oficial.

Las declaraciones se dieron en el marco del reciente dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que objetó la incorporación de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Si bien el pronunciamiento no cuestiona la autonomía de los municipios para crear tributos, sí pone bajo análisis el mecanismo utilizado para su percepción.

En ese contexto, Ayala recordó que “durante el tratamiento del Presupuesto y de la Ordenanza Fiscal e Impositiva nuestro bloque ya había advertido sobre las incertidumbres jurídicas que rodeaban al nuevo esquema de cobro impulsado por el Ejecutivo”.

Sin embargo, la edil concentró sus críticas en otro aspecto: los costos del sistema. “Seguimos preguntando algo muy concreto: ¿cuántas veces el Municipio tiene que pagar comisiones?”, planteó, al señalar que la Comuna podría estar abonando comisiones a EDEA, a las prestadoras de cobro y también a otros mecanismos destinados a garantizar la cobrabilidad de las tasas.

“¿Cuántas veces el Municipio está pagando comisiones sobre los mismos servicios o, en todo caso, para cobrarlos?”, insistió, al reclamar que el Ejecutivo detalle cómo funciona el esquema y cuál es el costo real que representa para las arcas municipales.

Ayala también denunció que desde febrero Acción Marplatense solicitó acceder al contrato firmado con EDEA y a los acuerdos con las prestadoras de cobro, pero aseguró que hasta el momento no hubo respuesta.

En ese sentido, afirmó que tampoco avanzaron los expedientes presentados en el Concejo Deliberante y consideró que existe un “incumplimiento categórico” por parte del gobierno municipal respecto del derecho de acceso a la información pública. “No es una decisión que puedan tomar discrecionalmente; es una prerrogativa constitucional respaldada por leyes y por fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana”, concluyó.