“Antes de bajar la edad de imputabilidad, hay que preguntarse por qué un adolescente llega a delinquir”

La reforma del Régimen Penal Juvenil volvió a instalar el debate sobre cómo responder frente a los delitos cometidos por adolescentes. La iniciativa fija la responsabilidad penal desde los 14 años, incorpora medidas socioeducativas y establece que la privación de la libertad deberá utilizarse únicamente como última instancia, además de sumar alternativas como tareas comunitarias, reparación a las víctimas y restricciones de acercamiento.

En ese contexto, la abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata e integrante de los Servicios Locales de Protección de Derechos de la Niñez del Municipio, Cristina Casals, consideró que la discusión debería centrarse en las causas que llevan a un adolescente a delinquir y no solamente en la respuesta penal.

“La discusión debería comenzar mucho antes de que un adolescente llegue a un juzgado. Cuando un chico de 15 años comete un delito, falló todo lo anterior”, afirmó en diálogo con el portal de la Universidad.

Desde su experiencia, advirtió que en Mar del Plata se repiten trayectorias marcadas por el abandono escolar, la violencia, los consumos problemáticos y la falta de adultos de referencia. Según explicó, muchos niños comienzan a desenvolverse solos desde edades muy tempranas y llegan a la intervención judicial con múltiples situaciones de vulnerabilidad acumuladas.

Casals cuestionó que la baja de la edad de imputabilidad sea presentada como una herramienta eficaz para prevenir el delito y remarcó que uno de los principales problemas es la ausencia de proyectos de vida entre muchos adolescentes. Al mismo tiempo, señaló que el sistema también necesita mecanismos más efectivos para trabajar la responsabilidad de quienes todavía no son punibles, aunque aclaró que eso no implica reclamar sanciones más severas.

La especialista también rechazó la asociación automática entre pobreza y delincuencia juvenil. A su entender, las normas alcanzan a todos los adolescentes, independientemente de su origen social, y las conductas delictivas pueden presentarse en distintos ámbitos.

Finalmente, insistió en que las respuestas deben priorizar la prevención, el acompañamiento familiar y la articulación entre escuelas, salud, organismos de niñez y Justicia. “Siempre se piensa qué hacemos cuando el problema ya está instalado. Hay que empezar mucho antes”, concluyó.