El abogado Cesar Sivo sostuvo que, si la Justicia confirma las irregularidades investigadas, los funcionarios “no están protegidos por el Municipio y deberán responder con su propio patrimonio y ante la Justicia si se determina que incurrieron en acciones u omisiones contrarias a sus deberes”.
Mientras la Justicia avanza con la investigación sobre la licitación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes, el abogado César Sivo, representante de la ONG Mirada Ciudadana, afirmó que, si se comprueban las presuntas irregularidades denunciadas, el intendente Guillermo Montenegro —hoy de licencia—, funcionarios municipales y los concejales que avalaron el expediente podrían afrontar responsabilidades civiles, penales y administrativas.
Las declaraciones se producen luego de que Mirada Ciudadana solicitara ser admitida como particular damnificado en la causa penal que investiga el proceso de adjudicación a la empresa Minella Stadium.
Sivo explicó a LoQuePasa.net que la responsabilidad no alcanzaría únicamente a quienes hubieran actuado con una conducta dolosa, sino también a quienes, por negligencia, permitieron que el procedimiento avanzara sin los controles necesarios.
“Los funcionarios públicos tienen responsabilidad civil, penal y administrativa por actos negligentes y también por actos dolosos. Si alguien actuó de manera indebida y otros no advirtieron lo que ocurría, también deberán responder por esas omisiones”, sostuvo.

El abogado remarcó que quienes ejercen funciones públicas tienen la obligación de administrar el patrimonio del Estado con transparencia, rendir cuentas y priorizar el interés general. En ese sentido, consideró que, si la investigación confirma las irregularidades denunciadas, las consecuencias podrían extenderse a distintos niveles de responsabilidad.
Según explicó, en el plano administrativo podrían derivarse sanciones para los funcionarios, mientras que en el ámbito civil correspondería analizar la reparación económica por los perjuicios ocasionados al Municipio. Además, señaló que la eventual responsabilidad penal recaería sobre quienes hubieran cometido delitos durante el proceso.
Como ejemplo de las consecuencias que, a su entender, ya enfrenta la ciudad, Sivo mencionó la situación del Minella y el Polideportivo tras el corte del suministro eléctrico por una deuda millonaria y cuestionó que se hubiera adjudicado la concesión por 40 años a una empresa (Minella Stadium S.A.) que, según afirmó, carecía de solvencia económica y respaldo financiero suficiente.
Finalmente, insistió en que los funcionarios “no están protegidos por el Municipio” y que deberán responder con su propio patrimonio y ante la Justicia si se determina que incurrieron en acciones u omisiones contrarias a sus deberes.