El senador radical celebró el cambio de enfoque del Régimen Penal Tributario, aunque advirtió que la actualización de sanciones puede resultar desproporcionada para comercios y emprendimientos chicos. Bullrich se comprometió a revisar el esquema.
En el Senado de la Nación avanzó el debate sobre la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que introduce un giro conceptual en el Régimen Penal Tributario. Durante la reunión constitutiva de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, expresó su acompañamiento al nuevo paradigma, aunque encendió una señal de alerta por el impacto de las multas previstas, especialmente en los sectores de menor escala.
El encuentro se realizó en el Salón Illia y sirvió para analizar el proyecto identificado como Expte. C.D-31/25, que tiene previsto llegar al recinto el próximo 26 de diciembre. Allí, Abad valoró que la propuesta abandone la lógica histórica de sospecha permanente sobre los contribuyentes. Según explicó, el texto reconoce que la carga de la prueba recae en el Estado y no en el ciudadano. “Este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”, sostuvo el legislador marplatense.
Sin embargo, el senador radical puso el foco en la actualización de las sanciones económicas, en particular las vinculadas a las declaraciones juradas, que pasan de montos simbólicos a cifras que pueden llegar hasta los 220 mil pesos. Abad cuestionó que la ley no explicite el criterio utilizado para ese salto ni contemple escalas según el tamaño del contribuyente. “No es lo mismo un almacén o un kiosco de barrio que una pyme o una gran empresa. La ley no discrimina entre realidades muy distintas, pese a que el Estado y el ARCA ya cuentan con categorizaciones claras”, advirtió.
El planteo tuvo respuesta inmediata por parte de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien participó del debate y abrió la puerta a modificaciones. La funcionaria aseguró que el Poder Ejecutivo está dispuesto a revisar el esquema sancionatorio para los contribuyentes más pequeños durante el período de sesiones ordinarias. “Estamos dispuestos a trabajar una solución para los contribuyentes muy pequeños, de modo que las multas sean acordes a su capital y a su realidad económica”, afirmó, y no descartó avanzar con un capítulo específico o incluso una ley corta para corregir ese punto.
Sobre el cierre, Abad ratificó su intención de impulsar un sistema de multas escalonadas, que permita compatibilizar el objetivo de mejorar el cumplimiento tributario con un criterio de equidad. Para el senador, una legislación moderna debe evitar castigos excesivos a quienes sostienen la economía cotidiana y concentran buena parte del empleo informal y de subsistencia en el país.