El senador radical impulsa un suplemento remunerativo para quienes obtengan títulos terciarios o universitarios fuera del sistema castrense y pagados con recursos propios. La iniciativa recién podría debatirse desde marzo de 2026.
El senador nacional marplatense, Maximiliano Abad, presentó un proyecto de ley para crear un plus salarial destinado al personal militar que incorpore títulos educativos obtenidos por fuera de la formación castrense y financiados íntegramente con recursos propios. La propuesta establece una escala de suplementos remunerativos calculados sobre el sueldo básico del grado: 15% para el nivel terciario, 20% para el universitario y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.
La iniciativa fija condiciones estrictas. El beneficio será “únicamente” para quienes hayan pagado sus estudios sin asistencia estatal ni subsidios institucionales, “sin interrumpir la prestación ordinaria del servicio de armas”, y no se aplicará a títulos expedidos por institutos de formación militar. También quedarán excluidos los títulos otorgados por establecimientos militares, con el objetivo —según Abad— de evitar superposiciones con la capacitación obligatoria propia de la carrera de defensa.
En los fundamentos del proyecto, Abad planteó que el régimen salarial de defensa “presenta distorsiones, inequidades y retrasos significativos” en términos reales y comparativos con otras funciones públicas de exigencia similar. Señaló además que las condiciones se profundizan por la “alta inflación acumulada” de los últimos años, la desactualización de suplementos específicos, la fragmentación retributiva y la “falta de una política salarial integral para el personal de defensa”.
El legislador radical definió la creación del suplemento como “una medida de justicia y racionalidad”. Entre los objetivos, enumeró: incentivar la formación académica como “herramienta de desarrollo personal y profesional, complementaria a la formación castrense”; reconocer el “esfuerzo económico y personal” de estudiar por cuenta propia; mejorar la calidad de vida y la carrera militar, con impacto en la moral institucional y la retención de talentos; y promover una cultura organizacional basada en el “conocimiento, la actualización y la mejora continua”.
Abad también defendió la viabilidad fiscal de la medida. Afirmó que tendría un “impacto presupuestario limitado”, al aplicarse solo a títulos externos y costeados de forma personal, y aclaró que el cálculo se realiza sobre el sueldo básico, no sobre la totalidad de los ingresos. En términos macroeconómicos, estimó que la erogación equivaldría a un 0,008% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que consideró “razonable” dentro del presupuesto de defensa.