Abad: “La pesca necesita una respuesta urgente antes de que sea demasiado tarde”

El senador nacional Maximiliano Abad volvió a poner el foco de atención en la crisis que atraviesa el sector de la pesca fresquera al presentar un proyecto de Ley (número 1256/26) para declarar la emergencia en todo el territorio argentino por 180 días, con posibilidad de prorrogarse en el tiempo, y establecer una serie de medidas destinadas a sostener el empleo, aliviar la estructura de costos y recuperar competitividad en uno de los sectores productivos más importantes de las ciudades portuarias argentinas.

“Estamos frente a una situación crítica”, sentenció Abad. “Esta situación pone en riesgo miles de puestos de trabajo, empresas familiares, plantas de procesamiento y toda una cadena productiva vinculada a la pesca. No podemos mirar para otro lado mientras un sector estratégico pierde competitividad y se acerca a una situación de inviabilidad económica”, sostuvo el legislador marplatense.

La iniciativa parte de un diagnóstico contundente sobre la situación que atraviesa la actividad. En los fundamentos del proyecto, el senador señala que la pesca fresquera constituye una parte esencial de la historia productiva argentina y representa mucho más que una actividad económica, ya que genera empleo, valor agregado y arraigo en numerosas comunidades costeras. En ciudades como Mar del Plata, donde se concentra buena parte de la flota fresquera nacional, la actividad sostiene miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a puertos, plantas procesadoras, transporte, talleres navales y servicios asociados.

“El sector hoy está siendo ignorado. No se trata de un reclamo coyuntural, sino de una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial”, advirtió Abad.

Uno de los aspectos centrales que destaca el proyecto es el impacto que la pesca fresquera tiene sobre el empleo. A diferencia de la flota congeladora, que procesa gran parte de la producción en alta mar, el modelo fresquero requiere una vinculación inmediata con la industria en tierra. Según se detalla en la iniciativa, por cada puesto de trabajo directo generado a bordo de un buque fresquero se crean entre cuatro y cinco empleos indirectos vinculados a tareas de estiba, fileteado, transporte, mantenimiento y servicios asociados.

El proyecto advierte además que el sector atraviesa una situación de quebranto. Mientras en 2018 un buque fresquero promedio registraba rentabilidades cercanas al 20%, en la actualidad los márgenes operativos son negativos y oscilan entre el 21% y el 30%. Entre los factores que explican esta situación se encuentran el aumento del combustible, que registró incrementos cercanos al 86%, el crecimiento de los costos laborales sobre la facturación —que pasaron del 32% al 54%—, el incremento de los costos de descarga y una estructura burocrática que obliga a realizar más de 143 trámites por cada marea.

A ello se suma una fuerte caída del valor agregado de las exportaciones pesqueras argentinas. Según señala la iniciativa, mientras años atrás el procesamiento nacional representaba cerca del 50% del valor exportado, actualmente esa cifra se redujo a aproximadamente el 15%, favoreciendo que etapas de industrialización y generación de empleo se trasladen a otros países.

Abad también cuestionó la creciente pérdida de competitividad del modelo de procesamiento en tierra. “Mientras los principales países pesqueros del mundo fortalecen la industrialización y el agregado de valor, en Argentina estamos empujando al sector hacia un esquema que genera menos empleo y menos desarrollo para nuestras comunidades costeras”, afirmó.

La iniciativa contempla una batería de herramientas orientadas a asistir al sector, entre ellas la eliminación transitoria de los derechos de exportación, la exención del IVA sobre el gasoil utilizado por la flota fresquera, la reducción del Derecho Único de Extracción (DUE), la suspensión de nuevos tributos específicos y la creación de incentivos fiscales y crediticios para promover inversiones, innovación tecnológica y renovación de flota.

El senador recordó además que la pesca constituye el quinto complejo exportador de la Argentina, con ventas al exterior cercanas a los 2.000 millones de dólares anuales, y que genera alrededor de 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos en todo el país. “La pesca fresquera no pide privilegios. Pide condiciones para seguir produciendo, exportando y generando trabajo argentino. Defenderla es defender miles de familias, el valor agregado nacional y el futuro de nuestras ciudades portuarias”, concluyó.