Abad celebró el fallo de la Corte Suprema y exigió al Gobierno que garantice el financiamiento universitario

El senador nacional marplatense Maximiliano Abad respaldó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la vigencia de la ley de financiamiento universitario y reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la obligación de transferir los recursos destinados al sistema de educación superior.

“La Corte Suprema dejó firme lo que ya sabíamos: el financiamiento universitario es ley, y el Estado tiene que cumplirla”, afirmó el legislador, quien recordó que acompañó la iniciativa con su voto en el Senado y remarcó su vínculo histórico con la defensa de la universidad pública.

En ese sentido, Abad destacó que antes de desempeñarse como legislador fue presidente de la Federación Universitaria Argentina y aseguró conocer el impacto que la norma tiene para miles de estudiantes, docentes e investigadores. Según expresó, el financiamiento resulta indispensable para que muchos jóvenes puedan sostener sus estudios y para recomponer la situación salarial del personal universitario, que, indicó, sufrió una pérdida cercana al 40% de su poder adquisitivo.

Además, consideró que el pronunciamiento judicial representa “un paso importante” y sostuvo que ahora corresponde que el Estado nacional efectivice el envío de los fondos necesarios para garantizar el pago de salarios, las becas estudiantiles y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.

La resolución de la Corte se conoció este jueves, cuando el máximo tribunal desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado por el Decreto 759/25. Los jueces concluyeron que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, por lo que rechazaron su tratamiento.

En el mismo pronunciamiento, la Corte también desestimó un pedido de excusación formulado dentro del expediente y remitió a lo resuelto el pasado 4 de junio en el incidente de recusación vinculado a la misma causa.

Para Abad, el fallo despeja el camino jurídico y obliga al Ejecutivo a cumplir con una ley que calificó como “esencial” para asegurar el normal funcionamiento del sistema universitario público argentino.