Desde Prestadores Unidos Mar del Plata aseguraron que no se concretó la recomposición del financiamiento prevista en la norma y advirtieron que persisten las demoras en pagos, autorizaciones y compensaciones económicas para los profesionales.
Al cumplirse un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde Prestadores Unidos Mar del Plata denunciaron que las medidas contempladas en la normativa continúan sin implementarse y afirmaron que la situación del sector sigue siendo crítica.
A través de un comunicado, la entidad recordó que la sanción de la ley representó el reconocimiento oficial de la crisis que atraviesa el sistema de atención a las personas con discapacidad, pero sostuvo que ese diagnóstico no se tradujo en soluciones concretas. “La emergencia fue reconocida. Nunca fue reparada”, resumieron.
Según explicaron, la legislación establecía la necesidad de recomponer el financiamiento del sistema, actualizar el nomenclador de prestaciones y recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años para luego avanzar con incrementos periódicos. Sin embargo, aseguraron que esa recomposición “nunca ocurrió”.
En ese sentido, señalaron que los aumentos acumulados durante los últimos seis meses representaron apenas unos 3.000 pesos por prestación, una cifra que calificaron como insuficiente frente al incremento de salarios, alquileres, servicios, cargas sociales, seguros e insumos necesarios para sostener la atención.
Además, remarcaron que la propia ley contemplaba mecanismos de compensación económica para los prestadores. No obstante, indicaron que, pese a que miles de profesionales realizaron las presentaciones requeridas por el Estado hace más de seis meses, esos pagos todavía no fueron efectivizados.
La organización también cuestionó el funcionamiento del sistema en la actualidad. Entre los principales problemas mencionó las demoras en las autorizaciones, los recortes de prestaciones sin fundamentos clínicos, los pagos fuera de término y la falta de transferencia de fondos a las obras sociales, situación que, según sostienen, termina trasladando la incertidumbre a las familias y a los profesionales.
Frente a este escenario, Prestadores Unidos Mar del Plata reclamó la implementación de políticas públicas que permitan garantizar la continuidad del sistema y reiteró que la emergencia “no puede sostenerse únicamente mediante pequeñas actualizaciones mensuales”. “La discapacidad ya no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones”, concluyeron.