Aumento de las indemnizaciones laborales: “Ponen en una situación terminal a las PyMES”

El diputado provincial Diego Garciarena, a la cabeza del bloque UCR + Cambio Federal, salió al cruce del fallo “Barrios” emitido por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Convertibilidad, permitiendo la actualización por inflación de las indemnizaciones laborales. Según Garciarena, esta medida, lejos de proteger los derechos de los trabajadores, coloca en una “situación terminal” a muchas PyMES de la provincia.

“Luego de mantener reuniones con organizaciones que nuclean PyMES y comercios de la provincia de Buenos Aires, expresamos nuestra preocupación por la situación terminal en la que se están colocando a muchas empresas a partir de la aplicación por parte de los jueces inferiores de la doctrina legal emanada de un fallo de la Suprema Corte bonaerense en el caso ‘Barrios’”, sostuvo Garciarena, en representación de su bancada.

El fallo “Barrios” busca garantizar una “equitativa actualización” en las indemnizaciones laborales, atándolas a la evolución inflacionaria. No obstante, los diputados radicales señalaron que esta medida podría aumentar “de manera desmedida” el monto de las sentencias condenatorias, amenazando la viabilidad de las empresas afectadas.

Si bien el bloque UCR + Cambio Federal afirmó que no buscan interferir en las funciones judiciales de la Suprema Corte, expresaron su preocupación por el impacto que esta actualización podría tener en el sector empresarial. “En algunos casos, el monto total de la indemnización podría llegar a superar la facturación anual de la empresa”, advirtió el legislador marplatense.

Este posicionamiento de los diputados radicales se da en un contexto en el que la Legislatura bonaerense debate un proyecto impulsado por La Cámpora para modificar la tasa de interés aplicada en las indemnizaciones laborales. Garciarena y su bloque se abstuvieron de votar este proyecto en mayo, argumentando que, aunque aprecian “el espíritu” de la iniciativa, creen que podría ser considerada inconstitucional.

“Hay que distinguir dos cosas. El espíritu de la ley tiene la buena intención de conservar el patrimonio del trabajador, pero entendemos que esta Legislatura no es competente para tratar derecho de fondo, y también que la ley ha caído en abstracto porque la doctrina legal de la Suprema Corte está vigente y rige para los tribunales inferiores. Nos vamos a abstener de tratar este proyecto”, afirmó Garciarena durante la sesión de la Legislatura.