Los concejales Agustín Neme y Angélica González recordaron declaraciones de representantes de organizaciones sociales. Solicitaron que la justicia actúe en el asunto. Mariano Zurita y Diego García los funcionarios implicados.
En el últimas horas, a través de redes sociales el oficialismo local apuntó contra funcionarios del Frente de Todos que responden a Provincia y Nación por declaraciones de militantes de organizaciones sociales que señalaron en diversos reclamos que son incitados a tomar tierras del Estado.
La militante de Votamos Luchar, Amelia Carabajal, había asegurado: “En medidas anteriores de lucha, Zurita (delegado local del Instituto de la Vivienda PBA) se ha presentado y nos ha traído el mapa, un mapa de tierras de una parte de la ciudad diciendo que esos terrenos son de la Provincia, instando a que nosotros los tomemos a esos terrenos”.
¿Escuché bien? Una militante está diciendo que un funcionario provincial les acercó un mapa donde les señala cuáles son los terrenos que pueden tomar?
Espero que la Justicia actúe de forma inmediata frente a este hecho de suma gravedad. pic.twitter.com/y8FtKxpwTQ— Agustin Neme (@agustin_neme) October 28, 2022
Al respecto, el concejal de Vamos Juntos, Agustín Neme, sostuvo: “¿Escuché bien? Una militante está diciendo que un funcionario provincial les acercó un mapa donde les señala cuáles son los terrenos que pueden tomar? Espero que la Justicia actúe de forma inmediata frente a este hecho de suma gravedad”.
La confesión de la militante del MTR acerca del repudiable obrar del delegado local del Instituto de la Vivienda, es prueba suficiente para que la Justicia y el gobierno provincial inicien una investigación sobre los funcionarios involucrados en este mecanismo. 👇🏻 pic.twitter.com/AQqKOxoq1n
— Angélica González (@AngieGonzal3) October 28, 2022
En tanto, la edil Angélica González remarcó que “usar las necesidades de la gente al punto de inducirlas a cometer un delito es un hecho de gravedad que no debe pasar por alto de la Justicia. Desde la Coalición Cívica defendemos el derecho de propiedad, sea pública o privada, como base de nuestro ordenamiento Constitucional y social”.