La Alameda presentó un amparo colectivo contra la ordenanza que crea la “Zona Roja”

Néstor Escudero, en representación de la Fundación Alameda (por encontrarse su histórico titular, Gustavo Vera, desde el año 2020 en uso de licencia en dicha entidad, al estar a cargo de la Dirección Operativa del Comité de Lucha contra la Trata de Personas), interpuso una acción de amparo colectivo en el fuero federal contra la ordenanza que crea la nueva “Zona Roja” en nuestra ciudad.  

Al momento de los fundamentos, se señala que “la intendencia local, promueve y fomenta la regulación de la prostitución y auspicia multas y cárcel a personas en situación de prostitución, lo cual choca con la legislación vigente, las convenciones internacionales que la Argentina suscribió, y además genera un ámbito de explotación sexual en la que la policía local, como ya ocurrió en otras épocas en Mar del Plata, se convierte en una suerte de proxeneta que regula y castiga a personas en estado de vulnerabilidad social”.

El objetivo de la presentación es que se declare la inconstitucionalidad de la norma, ya que la misma “afecta derechos humanos contemplados en lo pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional”.

La Alameda solicita que se dicte una medida de no innovar “hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”, ya que “la aplicación de la norma causa gravámenes irreparables en el tejido social”.

Por otra parte, se señala que “la ordenanza en cuestión resulta inconstitucional por ser un acto público que lesiona, restringe, altera y amenaza, con ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional, los diversos tratados internacionales incorporados a la misma y la normativa legal vigente citada”.

Además se remarca que “el municipio no se halla en condiciones de garantizar que no exista explotación sexual, ni que el crimen organizado no corrompa a las autoridades con poder de policía que controlen la zona. Debe resaltarse, además, que el fuero federal en Mar del Plata es una de las jurisdicciones en la que más fallos condenatorios se han dictado sobre trata de mujeres, niños y niñas. El hecho de crear ‘zonas seguras’ no hace más que agravar la situación que de por sí ya es grave, con el agravante de que si no ejercen la prostitución dentro del marco propuesto por el municipio, esas víctimas se vean en riesgo de ser multado o arrestados”.

Explica la fundación que la ordenanza cuestionada “promueve desde el Estado una actividad que afecta la dignidad de las personas” al tiempo que “pone en peligro sus vidas”, ya que “resulta aún más grave que quienes lleven esta actividad de oferta sexual fuera de la zona fijada pueden ser privadas de su libertad revictimizando y estigmatizando a los más vulnerables”.