La Cámara de Apelaciones resolvió dejar sin efecto la medida cautelar dictada por el Juez de primera instancia y ordenó al gobierno la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental.
La Cámara de Apelaciones resolvió habilitar habilitar el proyecto de exploración petrolera a 300 km de la costa de Mar del Plata y ordenó al gobierno un nuevo estudio de impacto ambiental. La resolución judicial coincidió con la finalización de las jornadas de audiencia pública que se llevó a cabo en el recinto del Concejo Deliberante.
Asi se indicó esta tarde a través de una resolución en la que se dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juez de Primera Instancia, Santiago Martín. Asimismo se ordenó la profundización de una serie de medidas para garantizar el cuidado del ecosistema, como la elaboración de un Estudio Ambiental Acumulativo dictado por el Estado Nacional y una nueva Declaración de Impacto Ambiental que tenga en cuenta ese nuevo estudio que deberá hacerse.
Por otro lado, se ordenó que se de efectiva participación a la Administración de Parques Nacionales, con el objetivo de que se expida sobre los efectos que podría tener la extracción de los hidrocarburos sobre la Ballena Franca Austral. También se ordenó que se incluya como órgano administrativo de control al Ministerio de Medioambiente de la Nación y no solamente al Ministerio de Energía, que se tengan en cuenta las audiencias celebradas en la ciudad de Mar del Plata y la efectuada a nivel nacional vía web.
La resolución que fue dejada sin efecto respondía a la presentación de un recurso de amparo, que había sido presentado por el intendente Guillermo Montenegro y otro por una organización de ambientalistas autoconvocados.
Es importante recordar que ante la presentación de estos recursos, en febrero pasado, el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, había dictado una medida cautelar y pausó de este modo el avance de la exploración. Una semana más tarde, el juez federal Alfredo López dejó sin efecto, a modo suspensivo, dicha medida cautelar e hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno nacional y las petroleras involucradas.