La intención del municipio de implementar este sistema en Mar del Plata sigue generando polémica. La concejal Marina Santoro remarcó que “ni siquiera sabemos qué empresa va a manejar nuestros datos, cómo van a hacer el análisis de esos datos, ni qué software van a usar”.
El proyecto del Ejecutivo fue aprobado en la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante y permite contratar un software para el establecer un sistema de reconocimiento facial y así detectar a prófugos de la justicia.
A partir de esta iniciativa, que ahora se debate en la comisión de Legislación, buscarán que se detecten “distintos objetos y/o comportamientos dinámicos, utilizando sistemas analíticos y algoritmos, los cuales tomen como fuente de información el sistema de cámaras de videovigilancia urbana para espacios públicos del Partido de General Pueyrredon o bien segmentos de video captados por cámaras privadas”.
Este proyecto es criticado firmemente por el Frente de Todos y por el momento lograron frenar la iniciativa del intendente Montenegro.
“El tema es que ni siquiera sabemos qué empresa va a manejar nuestros datos, cómo van a hacer el análisis de los datos biométricos, ni qué software van a usar desde el Municipio. Además, hablamos de sistemas que valen mucho dinero”, señaló la presidenta del bloque de concejales del FdT, Marina Santoro.

Al respecto agregó que “en otras partes del mundo se ha suspendido ya que ha fallado cuando los datos los operan y concentran masivamente los terceros y no el Estado”.
La edil aclaró también que “no nos oponemos en primera instancia, sino que hicimos ya en la primera comisión las preguntas para saber realmente con qué empresas se piensa trabajar y qué controles se van a hacer. Pero el oficialismo no nos contestó”.
El valido recordar que el juez contencioso administrativo Roberto Gallardo, obligó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a suspender inmediatamente el funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos.
En su fallo, el juez argumentó que no se estarían respetando los pactos internacionales y las leyes locales. Por otro lado, la justicia pudo constatar que se utilizó el sistema de forma inapropiada para obtener datos biométricos de políticos, empresarios, periodistas y otros sujetos de interés para el gobierno, de forma totalmente ilegítima.