La crisis de la política

Hace pocos días el Concejo Deliberante retomó su funcionamiento “normal”, luego de más de un mes de inactividad por falta de acuerdo en la conformación de las comisiones internas.

La “crisis” se desató el mismo día en el que asumieron los nuevos concejales. Quizás bastante antes.

La propuesta del interbloque oficialista para que la radical Marina Sánchez Herrero ocupe la presidencia del cuerpo no fue acompañada por ninguno de los bloques opositores.

La oposición fue tajante: argumentaron falta de diálogo y poca vocación en la búsqueda de consensos mínimos por parte del oficialismo.

Desde el oficialismo explicaron que es una práctica habitual que la fuerza que ganó las elecciones elija de entre sus filas a la persona mejor calificada para ocupar la presidencia.

Desde ese momento la discusión por la conformación de las comisiones internas fue una pesadilla. Algo se había roto.

Finalmente, los integrantes y autoridades de comisiones se confirmaron. Todo hacía prever que en las negociaciones se habían salvado algunas de las diferencias que llevaron al bochorno de principios de diciembre. No fue así.

En las vísperas del demorado tratamiento del presupuesto en la comisión de Hacienda, desde el bloque de Frente de Todos denunciaron la “manipulación de los giros legislativos” del expediente por el cual se busca autorizar un nuevo sistema de Fotomultas.

Según indicaron desde la oposición, la presidencia del Cuerpo evitó que el proyecto se trate en la comisión de Educación porque, según se infiere de los dichos de la concejal Mariana Cuesta, no tienen los números para aprobarlo.

Resulta llamativo que fue la Secretaría del H.C.D en cabeza del radical Norberto Pérez, cargo político de vital importancia en el funcionamiento del deliberativo, quien habría asignado los giros, para luego arrepentirse y cambiar la hoja de ruta de esa iniciativa.

Es cierto que la asignación de comisiones para el tratamiento de un expediente (giros) debe ser aprobada en el plenario, tal lo argumentado desde el oficialismo.

El “error” radica en que la hoja habría sido cambiada. No hay una especie de “fe de erratas2 o “enmienda” en el expediente. La equivocación podría deberse a una mala interpretación del Reglamento Interno, pero no existe corrección documentada.

Según denunció la oposición, se cargó al sistema una hoja firmada y foliada con el número 26, que establecía que el expediente 1030 – D – 2022 debía ser tratado en Educación, Movilidad, Legislación y Hacienda.

Luego, el folio Nº 26 de ese mismo expediente habría sido reemplazado por otra hoja en la que se dispone que el tratamiento será en las comisiones de Seguridad, Movilidad, Legislación y Hacienda.

Consta en la denuncia pública que la “hoja de la discordia” tiene la misma fecha, la misma numeración, el mismo responsable de la firma, el mismo sello (o similar), pero distintos giros.

A simple vista es un inexplicable “error” administrativo que parece grave pero que no traería consecuencias políticas prácticas, puesto que como se dijo los giros se aprueban en el plenario.

Aunque alguien bien podría argumentar que el expediente puede iniciar su tratamiento en comisiones sin la aprobación de los giros en el plenario. Para ello la iniciativa debe figurar, incluso físicamente, dentro de los asuntos entrados de la comisión en cuestión para ser incluido en el temario u “orden del día”. Todo muy complejo y discutible.

El “error” ameritaría al menos un “tirón de orejas” para el responsable y un “mea culpa”, con justificación y reparación incluida, de las autoridades del cuerpo.

Pero nuevamente, la falta de capacidad negociadora de las partes combinada con la irracionalidad de algunos actores, ya sean oficialistas como opositores, transformó el tema en un escándalo político (que solamente les importa a los políticos).

Si la oposición sigue firme en su postura las consecuencias de ese “error” pueden ser muy graves, puesto que se habría alterado un documento público. Se pudo evitar, pero no se evitó.

Esta sucesión de “escandaletes” en el deliberativo local deja en evidencia la falta de liderazgos políticos. La crisis es de la política.

Desde hace un tiempo, los “líderes” de las principales fuerzas políticas de la ciudad están abocados a otros menesteres. En la teoría no sería un problema, pero en la práctica lo es.

Nadie duda que está “crisis” no sería tal si Fernanda Raverta, Alejandro Rabinovich, Gustavo Pulti y Maximiliano Abad fueran quienes directamente negociaran estas cuestiones. La puesta en escena sería otra.

Pero la ¿irrupción? de otros actores parece entorpecer el funcionamiento legislativo y radicalizar hasta las más pequeñas diferencias.

Algunos podrán relacionar la falta de acuerdos mínimos a la necesidad de esos nuevos actores de gozar de cierto protagonismo. Otros podrán esgrimir que los “dirigentes ausentes” exponen sus diferencias “por lo bajo” y usan a estos “actores de reparto” para hacerlas públicas.

Muchos (la mayoría) solo guardarán un ¿prudente? silencio frente a esta crisis de la política, pese a ser parte de la “política”.

Lo cierto es que el divorcio entre la sociedad y aquellos que pretenden ser sus dirigentes es cada vez más notorio.

Carlos Fernando Arroyo y Guillermo Montenegro son emergentes de esta crisis en la política, con la salvedad que el actual intendente ha mostrado una singular pericia a la hora de construir “gobernabilidad”.

La falta de sentido común a la hora de abordar la tarea legislativa cotidiana es solo otro ejemplo.

Parece imperioso que la política vernácula, entendida como un conjunto, empiece a afrontar los problemas y encontrar las soluciones, con la responsabilidad que cientos de miles de vecinos se merecen.

Lo política no es un juego.