Procesaron por trata laboral a un hombre que ya había sido condenado por el mismo delito

El Juzgado Federal N°3 procesó con prisión preventiva a un hombre de nacionalidad boliviana, en orden a los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por la cantidad de víctimas y por abusar de su situación de vulnerabilidad; y por facilitación de la permanencia irregular en nuestro país de una persona extranjera, agravado por abuso de su necesidad.

Además, se le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos. El hombre, de 46 años, cumplía libertad condicional desde marzo de 2017, en el marco de una condena de seis años de prisión que le fuera impuesta en el año 2013 por el mismo delito.

La investigación se inició por una denuncia presentada por el Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que daba cuenta de la situación de los trabajadores en el predio “La Coca”, ubicado en el kilómetro 15,5 de la Ruta Nacional 226, y lindero al campo donde explotaba a sus víctimas anteriores, en Sierra de los Padres.

Allí, el ahora procesado apelaba a figuras contractuales fraudulentas, captaba y acogía a personas –de nacionalidad boliviana- en situación de pobreza, las sometía a excesivas jornadas laborales –que no eran iguales para todas las víctimas-, les abonaba salarios insuficientes –que también variaban de acuerdo a la persona- y los alojaba en precarias viviendas que carecían de las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

En el lugar fueron halladas siete personas –una de las cuales había ingresado irregularmente a nuestro país, y dos de las cuales trabajaban de manera encubierta para el imputado, mediante el instituto de la medianería, dado que eran subempleados por su tío- que eran explotadas a través del abuso de la situación de vulnerabilidad que todas ellas atravesaban, dado que compartían una misma idiosincrasia: eran migrantes, con insuficientes recursos, falta de educación que les permita acceder a otra fuente de trabajo, la necesidad de dinero para sostener a sus familias y la lejanía con su país de origen.

Estas circunstancias fueron aprovechadas por el imputado para mantener al a las víctimas en el lugar de explotación con jornadas de trabajo abusivas y mal pagas. “Téngase en cuenta que, ante tales extremos, no era necesario en las víctimas ejercer ningún tipo de violencia física o amenaza, pues habían perdido de modo considerable la libertad de elección y de decisión en la modalidad de ejercer el trabajo en las condiciones exigidas”, destacó el magistrado, en tal sentido.