Provincia adoptó el protocolo para garantizar el derecho al aborto legal

Provincia adoptó el protocolo para garantizar el derecho al aborto legal

Los ministerios de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual firmaron la resolución. La guía toma las últimas indicaciones de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud.

10 de enero de 2020

El Gobierno de la Provincia adhirió al protocolo nacional para garantizar el derecho al aborto legal en su territorio. Los ministerios de Salud, que encabeza Daniel Gollán, y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses, a cargo de Estela Díaz, firmaron hoy la resolución.

 

Así, la provincia de Buenos Aires adopta el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, con las actualizaciones incorporadas por la cartera sanitaria nacional el pasado 12 de diciembre.

 

Se trata de la actualización de una guía que elaboró el propio Gollán en 2015, y que toma las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que «el procedimiento quede más claro, haya menos intermediarios y genere mayor accesibilidad», según se comunicó de manera oficial. Así, se busca garantizar «se garantice el derecho a la salud de algo que es totalmente legal”.

 

El protocolo servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2. “Estamos hablando de una legislación del año 1921, centenaria, y se establece qué procedimientos realizar para cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación”, explicó Díaz.

 

En cuanto a la objeción de conciencia, la funcionaria detalló que ya estaba contemplada en protocolos previos y detalló que en esta nueva guía queda claro que es un derecho individual, pero que las instituciones de salud pública deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso a los abortos no punibles.

 

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