La competencia se dirimirá una vez que concluyan las pericias sobre los elementos electrónicos secuestrados, porque no se descartan aún maniobras tipificadas en la ley de trata. La acusación, en tanto, es por abuso sexual agravado, corrupción de menores y grooming.
El sujeto de 36 años detenido y acusado de haber captado a través de la red social Instagram, concretado un encuentro y abusado sexualmente de una niña de 13 años fue procesado días atrás por la Justicia Federal, por los delitos de abuso, corrupción de menores y grooming.
La denuncia llegó a la Fiscalía Federal N°2, actualmente a cargo de Carlos Martínez, a través de un operador de la línea 102 –que funciona en Mar del Plata ante casos de vulneración de derechos de niños y niñas-, quien dio cuenta del relato de la niña, y alertó sobre otros posibles casos.
La escucha atenta y responsable en su escuela permitió que la adolescente pudiera contar malos tratos que estaba pasando y el caso de abuso que había sufrido. A partir de allí, se hizo la denuncia en la línea 102, intervino la Fiscalía –entonces a cargo del auxiliar fiscal Hércules Giffi- y en 48 horas se realizó la investigación y se logró la detención del sujeto en la entidad bancaria donde cumplía tareas de vigilancia, en pleno centro marplatense.
Según pudo determinarse, el hombre usaba un perfil apócrifo, a través del cual agregaba y seguía a mujeres, muchas de ellas menores, a quienes decía tener menos edad.
Para lograr su cometido, el imputado generó un vínculo de confianza con la adolescente, tomando en consideración las necesidades afectivas que atravesaba la niña, quien se encontraba -de acuerdo infirió el juez federal Santiago Inchausti al dictar el procesamiento- en “un estado de total vulnerabilidad por su edad”.
En concreto, la acusación es por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraba la niña y por haber sido reiterado en dos ocasiones, corrupción de menores y grooming. A su vez, se fijó un embargo por la suma de un millón de pesos ante la eventual responsabilidad civil que deba afrontar. En la causa colabora la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolín.