A través de la secretaria Legal y Técnica, el intendente Arroyo apeló la medida de suspender los trabajos hasta que haya un estudio de impacto ambiental. La comuna argumentó que no es necesario el estudio y que el municipio legalmente puede elegir ese lugar.
Tal como adelantó Loquepasa.net días atrás, la jueza Lucrecia Bustos del juzgado de garantías Nº 6, resolvió hacer lugar al recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo con el patrocinio letrado de la doctora Sandra Liliana Cavallucci y ordenó detener las obras del “Centro de Recuperación Canina y de Adiestramiento de Perros de asistencia” instalado frente a la “Playa de los patos” en la Laguna de los Padres.
En los próximos 60 días la Universidad Nacional de Mar del Plata deberá realizar un estudio de impacto ambiental para determinar si existe riesgo ambiental ante el funcionamiento de una perrera en la reserva Laguna de los Padres. El resultado de ese estudio determinará si la iniciativa finalmente se cae o sigue adelante.
Esta iniciativa surgió tras el polémico acuerdo firmado entre el intendente Carlos Arroyo y Playa Azul SA (concesionaria de la cochera Playa Grande), en el cual se admite la construcción de un boliche bailable en esa cochera y a cambio la empresa deberá realizar obras de “interés social” tanto en la UTF como fuera de ella, por un valor cercano a los $80 millones. Una de esas obras es justamente el canil en Laguna.
Para llevar adelante este proyecto la empresa cerró con alambrado olímpico un predio de 21335 metros cuadrados a los que, en caso de continuar con los trabajos, se trasladarían perros rescatados de la calle.
Luego de la decisión de la justicia de paralizar los trabajos, el intendente Carlos Arroyo ordenó a la secretaría Legal y Técnica apelar la resolución. En las últimas horas los abogados del municipio estuvieron en Tribunales y realizaron una presentación.
Según pudo saber Loquepasa.net, en los argumentos se destaca que legalmente no es necesario un estudio de impacto ambiental para autorizar la obra y por otro lado el municipio tiene la potestad de elegir el lugar donde instalar la “Perrera” sin necesidad de solicitar permisos al Concejo Deliberante u otros organismos.
Se espera que en lo inmediato haya una respuesta de la justicia a ese pedido de la comuna para determinar finalmente si la obra sigue adelante o bien se suspende y sea el próximo intendente, Guillermo Montenegro, quien determine el futuro de los trabajos.