Se trata de un proyecto impulsado por el intendente que fue criticado en una jornada de trabajo realizada en el Concejo Deliberante. Investigadores medioambientes enfatizan en las consecuencias que podrían ganarle a la reserva natural ubicada en ese espacio.
Unánime rechazo de distintos sectores que este miércoles participaron de una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante al proyecto del intendente Carlos Arroyo de construir un canil en un punto de la reserva de la Laguna de los Padres.
Al respecto, Silvia de Marco, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Fasta, expresó: “Hay mucha información científica a nivel internacional que concluye en cuáles son los perjuicios e impactos negativos de una instalación de estas características. Nadie niega que es necesario la construcción de un canil, pero quienes estamos presentes acá coincidimos que el lugar no puede ser más inadecuado”.
Para la profesional, se podrían generar “múltiples impactos”. “Este emprendimiento carece de un estudio de impacto ambiental, que tiene que ser previa al inicio de la obra”, acusó, en diálogo con Loquepasa.net. “El sentido común también avala estos impactos”, según la especialista, quien agregó que no se opone a que “los perros tengan derecho a una vida digna”.
Para de Marco, “los desechos de los animales son focos de contaminación en múltiples formatos”. “La orina está prácticamente compuesta por sustancias nitrogenadas que, entre otras cosas, si se infiltran al acuífero pueden producir contaminación. Si ingresan a las aguas superficiales, producen un combo negativo, contribuyendo a un proceso de enriquecimiento desmesurado de nutrientes que puede traer consecuencias muy negativas en el ambiente”, explicó.
“La concentración de perros, justamente en una reserva que es un área protegida por sus atributos, es totalmente contraproducente porque un escape accidental de estos ejemplares ponen en riesgo a la fauna silvestre y esto ha ocurrido en otros ámbitos protegidos. Son un serio problema a la diversidad biológica animal como aves y peces”, amplió la investigadora, quien aseguró que “no se trata de la protección de patos y gallaretas, sino un tema de salud pública”.
El canil puede concretarse a partir de un acuerdo logrado entre el Ejecutivo y concesionarios de Playa Grande. Hay un acta transaccional en la cual el Gobierno autoriza la instalación de un boliche bailable en esa zona costera a cambio de obras de bien público por 80 millones de peso, siendo esta perrera una de esos emprendimientos.