El Tribunal de Cuentas envió personal a revisar expedientes sobre Playa Grande

El polémico acuerdo firmado entre el intendente Carlos Arroyo y la empresa Playa Azul SA (concesionaria de la cochera Playa Grande), promete terminar en un dolor de cabeza para la actual administración. El mismo admite justamente la construcción de un boliche bailable en esa cochera y a cambio la empresa deberá realizar obras de “interés social” tanto en la UTF como fuera de ella, por un valor cercano a los $80 millones.

El polémico acuerdo ha sido objetado por distintos sectores quienes también denunciaron que los plazos para realizar arreglos e inversiones en el lugar están completamente vencidos.

En ese marco el Concejo Deliberante solicitó al intendente que envíe los expedientes para comenzar a analizarlos. El primer paso se dio el miércoles donde solamente se pidieron informes al Ente de Turismo y a Legal y Técnica. Los ediles dejaron en claro que la idea es demorar el tratamiento para que sea la próxima conformación quien defina las cosas.

Mientras tanto esta mañana se presentaron de forma sorpresiva en el Concejo Deliberante tres empleados del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Solicitaron toda la documentación referida a Playa Grande y estuvieron a lo largo de la mañana analizando papeles y recabando información que iba siendo volcada a sus computadoras.

Se trata de una situación no habitual y que llamó la atención de todos. Generalmente el Tribunal dispone que se le envíen a La Plata fotocopias de los expedientes y allí se analizan para luego dar un veredicto si existen irregularidades.

En este caso vinieron a Mar del Plata enviados del organismo, recabaron ellos mismos la información y se fueron, dejando a las claras que el Tribunal de Cuentas tiene en la mira las irregularidades que ocurrieron en Playa Grande.