El máximo tribunal provincial deberá expedirse en la disputa judicial entre el Ejecutivo local y deliberativo. Será clave el informe presentado por la Contaduría. El gobierno tendría un duro revés lo cual genera preocupación. En 60 días como máximo estará el fallo.
Tal como adelantó Loquepasa.net días atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispondría “un cambio de criterio” en la disputa judicial sobre la medida cautelar que suspende la aplicación de la ordenanza que devolvía la bonificaciones a los docentes municipales, tras la resolución del intendente Carlos Arroyo. De esta forma, se aleja del dictamen del Procurador de la Provincia, Julio Conte Grand.
Esa modificación jurídica plantea que se pueda adoptar una interpretación distinta a lo resuelto preliminarmente el 10 de abril, cuando se desestimó la solicitud de los concejales. De esta manera, se esperaría un inminente fallo que revierta la decisión y que represente un duro revés judicial para el jefe comunal, cuya medida fue aconsejada por el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle.
La medida cautelar implicaba que la Ordenanza 18.257 se mantenga suspendida, tanto en las órbitas del Poder Ejecutivo y Legislativo.
La novedad en torno a la causa es que la Suprema Corte de Justicia dispuso el pase de la causa para dictar sentencia en el plazo de la ley. En consecuencia en un plazo de 60 días debería estar el fallo final.
Otro dato saliente, según se pudo constatar, es que fue agregado a la causa la documentación presentada por la Contaduría municipal. Ese informe es claramente contrario a la postura del Ejecutivo.
Con respecto a este último punto no llamó la atención la decisión del secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, de apartar al Director de Haberes de la Administración Central y trasladarlo al Ente de Deportes (Emder). ¿Un castigo por el informe sobre las Bonificaciones?..
El gobierno de Arroyo se prepara para un duro revés judicial en torno a las bonificaciones docentes. Esto está generando nerviosismo entre funcionarios involucrados en el tema por el costo político que significaría un fallo adverso y por el otro lado la catarata de juicios y pedidos de pagos retroactivos que realizarán los docentes municipales.