Un grupo de trabajadores aseguró que brinda un servicio para vecinos que no tienen movilidad o disponibilidad horaria y rechazó las acusaciones que los vinculan con la concentración de turnos gratuitos. Sostienen que la ciudad necesita más quirófanos, profesionales y jornadas de atención.
Los trabajadores que se dedican al traslado de animales hacia los puntos municipales de castración de Mar del Plata salieron al cruce de los cuestionamientos sobre su actividad y rechazaron que se los responsabilice por las dificultades que enfrentan los vecinos para acceder al servicio gratuito. En ese sentido, plantearon que el problema de fondo es la insuficiente oferta de castraciones en la ciudad.
A través de un comunicado, alrededor de 15 personas que realizan esta tarea defendieron su actividad como una fuente de trabajo y señalaron que cumplen una función para quienes no cuentan con movilidad propia, tienen dificultades para ausentarse de sus empleos, deben cuidar a sus hijos o viven lejos de los lugares donde se realizan las intervenciones.
«No cobramos por castrar animales. Cobramos por nuestro tiempo, nuestro trabajo y el servicio de traslado que brindamos», aclararon. También reconocieron la frustración de los vecinos que hacen largas filas desde la madrugada y no consiguen un turno, aunque remarcaron que los animales que trasladan pertenecen a otros marplatenses que también tienen derecho a acceder a las prestaciones municipales.
Como argumento central, señalaron que una intervención veterinaria privada puede costar entre $350.000 y $500.000, mientras que el Municipio dispone, según indicaron, de hasta tres puntos de castración con apenas 15 turnos diarios cada uno. Consideraron que esa capacidad resulta insuficiente para una ciudad como Mar del Plata.
La controversia se suma a los reclamos que ya habían llegado al Concejo Deliberante. La presidenta de Género Animal, Celia Patuto, había advertido en la Banca 25 sobre la presunta utilización de prestanombres para obtener varios turnos y ofrecer luego traslados pagos.
Frente a ese escenario, los trabajadores manifestaron su disposición a dialogar y establecer reglas para la actividad, pero rechazaron que se criminalice su trabajo. Como respuesta a la problemática, reclamaron más quirófanos, profesionales veterinarios, jornadas de castración y cobertura territorial.