El senador nacional se reunió con la concejal Gabriela Azcoitía y el diputado provincial Diego Garciarena para definir una hoja de ruta. Buscan que las residencias de adultos mayores puedan acceder a convenios con IOMA y PAMI y garantizar la cobertura de cientos de familias.
El senador nacional Maximiliano Abad reclamó al gobierno bonaerense que agilice y resuelva las habilitaciones pendientes de los geriátricos de Mar del Plata, una situación que impide a numerosas residencias de larga estadía firmar convenios con las obras sociales y acceder a la cobertura de IOMA y PAMI.
El planteo se realizó luego de la jornada de trabajo impulsada por la concejal Gabriela Azcoitía en el Concejo Deliberante, en una reunión de la que también participó el diputado provincial Diego Garciarena. Allí acordaron una hoja de ruta para avanzar con el reclamo ante las autoridades bonaerenses y acompañar a las familias afectadas.
“Mientras un expediente duerme en La Plata, un adulto mayor sigue esperando. Eso no es burocracia: es desinterés”, cuestionó Abad. Además, sostuvo que las residencias ya cumplieron con los requisitos exigidos y que la falta de una resolución administrativa provincial termina condicionando la posibilidad de obtener cobertura.
El senador adelantó que llevará el reclamo al ámbito legislativo nacional y solicitará explicaciones a IOMA y PAMI por la situación de los establecimientos marplatenses.
Por su parte, Azcoitía advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las familias que deben afrontar los costos de las residencias sin el acompañamiento de las obras sociales. La concejal también anticipó la presentación de un proyecto de ordenanza para conformar mesas interinstitucionales que permitan abordar la problemática.
Garciarena, en tanto, impulsará un pedido de informes al Ministerio de Salud bonaerense y trabaja en modificaciones a la legislación provincial que regula la actividad, al considerar que quedó desactualizada.
El objetivo común es destrabar las habilitaciones que dependen de la Provincia y permitir que las residencias puedan formalizar sus convenios, en un escenario que afecta tanto a los establecimientos como a cientos de adultos mayores y sus familias.