Menores y delito en Mar del Plata: “Tiene que haber otra solución antes de llegar al encierro”

La problemática de los menores vinculados al delito y la necesidad de evitar que los hechos se agraven forman parte de los desafíos que enfrenta Mar del Plata. José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, advirtió sobre el nivel de conflictividad que observa en la ciudad y planteó la necesidad de fortalecer las respuestas preventivas para evitar que los jóvenes terminen privados de su libertad.

“Creemos que Mar del Plata tiene un nivel de conflictividad alto en ese punto”, afirmó el funcionario al referirse a la situación local y a la implementación del programa Entramados, una iniciativa que busca coordinar el trabajo de distintas áreas del Estado para acompañar a adolescentes que atraviesan situaciones de conflicto con la ley penal.

Zerillo explicó que uno de los principales problemas aparece cuando un menor es aprehendido por un hecho de menor gravedad y luego regresa a su entorno familiar sin que exista un seguimiento adecuado para evitar que la situación se repita.

“Un chico de 14 o 15 años que está en una situación de conflicto socio penal, evidentemente en el núcleo familiar algo está pasando”, sostuvo. En ese sentido, consideró fundamental que intervengan distintos organismos, desde los servicios locales de niñez y las escuelas hasta los espacios deportivos y culturales.

El objetivo es ofrecer alternativas y acompañar a los jóvenes para que puedan desarrollar otros proyectos de vida, especialmente en contextos atravesados por la violencia, las dificultades familiares o los consumos problemáticos.

En relación con Mar del Plata, el funcionario indicó que la puesta en marcha del programa se encuentra en proceso de implementación, luego de varios meses de gestiones para concretar el convenio con el Municipio.

Además, se refirió al nuevo régimen penal juvenil y señaló que alrededor de 60 jóvenes ya pasaron por el sistema bajo la nueva normativa. Según detalló, un tercio fue sobreseído por aplicación del principio de oportunidad, otro tercio permanece privado de su libertad y el restante está bajo medidas de supervisión en territorio.

Para Zerillo, la respuesta no puede concentrarse exclusivamente en el castigo. “El sistema penal es un sistema que debe ser la última instancia”, afirmó, y advirtió que el desafío consiste en evitar que los adolescentes regresen a la sociedad con mayores niveles de violencia y criminalidad.