Emergencias: impulsan un protocolo para garantizar traslados seguros en espacios reducidos

Emergencias: impulsan un protocolo para garantizar traslados seguros en espacios reducidos

La iniciativa del concejal Diego García de Unión por la Patria, propone incorporar camillas verticales y colchonetas de evacuación para asistir a personas con movilidad reducida en domicilios, geriátricos y otras instituciones.

24 de octubre de 2026

El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de ordenanza para implementar un protocolo municipal que permita garantizar traslados seguros de personas con movilidad reducida o que permanecen en cama con asistencia permanente. La propuesta busca resolver una dificultad frecuente en Mar del Plata y Batán, cuando las camillas convencionales no pueden ingresar en ascensores pequeños ni maniobrar en escaleras y pasillos estrechos.

 

La situación puede generar demoras durante una emergencia y aumentar el riesgo de caídas o lesiones, tanto para las personas asistidas como para quienes realizan el traslado. La problemática también alcanza a centros de día, residencias para personas mayores, centros de rehabilitación, instituciones de salud mental y servicios fúnebres que funcionan en edificios con accesos reducidos.

Para dar respuesta a ese escenario, el proyecto plantea incorporar camillas verticales y colchonetas de evacuación con arneses de seguridad. Estos dispositivos permiten sujetar a las personas y facilitar su desplazamiento de manera controlada por espacios donde las camillas rígidas horizontales presentan dificultades.

 

La iniciativa apunta a establecer condiciones para que los traslados se realicen con mayor seguridad y dignidad, al tiempo que se reduzca el esfuerzo físico del personal interviniente.

 

En cuanto a su implementación, la ordenanza establece que la Subsecretaría de Inspección General será responsable de controlar el cumplimiento de la normativa y organizar capacitaciones periódicas para los trabajadores que deban utilizar los elementos.

 

Además, fija un plazo de 180 días desde la aprobación de la ordenanza para que los establecimientos y servicios alcanzados se adecuen a las disposiciones. Los dispositivos deberán permanecer disponibles, señalizados y en condiciones de ser utilizados ante una emergencia.

 

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