La Justicia de Mar del Plata habilitó los aumentos de luz en la Provincia

La Justicia marplatense dio marcha atrás con la medida que había impedido aplicar los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires y habilitó a las empresas distribuidoras y cooperativas eléctricas a cobrar las tarifas actualizadas. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que hizo lugar al planteo del gobierno bonaerense.

El tribunal intervino luego de que la Fiscalía de Estado recurriera el rechazo a su pedido de apelación contra la cautelar dictada a fines de septiembre. Finalmente, los camaristas concedieron el recurso y dispusieron que la medida tenga efecto suspensivo, por lo que la resolución del juez Agustín López Coppola quedó sin aplicación hasta que se resuelva el fondo de la controversia.

El conflicto comenzó cuando la Defensoría del Pueblo provincial, encabezada por Guido Lorenzino, acudió a la Justicia para frenar el cuadro tarifario autorizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El organismo cuestionó que la actualización se hubiera aprobado sin una instancia previa de audiencia pública o participación de los usuarios.

Frente a esa decisión, las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, junto con el gobierno de Axel Kicillof, reclamaron que se restablecieran los valores. Entre sus argumentos, sostuvieron que resultaba inviable separar los componentes provinciales de los nacionales en las facturas y advirtieron sobre las consecuencias que podía tener la cautelar para la continuidad y sostenibilidad del servicio eléctrico.

Al fundamentar su resolución, la Cámara consideró que una referencia genérica al interés público, sin circunstancias concretas que la respalden, no resulta suficiente para justificar una medida cautelar.

De esta manera, vuelve a regir el esquema tarifario aprobado en julio. En agosto se autorizó otra actualización, mientras que en septiembre no se avanzó con nuevos incrementos debido al conflicto judicial.

Con la cautelar suspendida, resta determinar cómo se instrumentarán las actualizaciones pendientes, mientras la discusión judicial sobre la validez del procedimiento que dio origen a los aumentos continúa abierta.