Imágenes íntimas falsas con IA: la violencia digital que enciende una alerta en las escuelas
Imágenes íntimas falsas con IA: la violencia digital que enciende una alerta en las escuelas
El diputado provincial marplatense Diego Garciarena presentó un pedido de informes para que la Provincia detalle qué protocolos existen frente a esta problemática, cómo se aplican en las escuelas y qué protección reciben las víctimas.
La expansión de la inteligencia artificial abrió nuevos desafíos para las instituciones educativas, especialmente ante la posibilidad de crear y difundir imágenes íntimas falsas sin el consentimiento de las personas involucradas. Frente a este escenario, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Diego Garciarena, presentó un pedido de informes para conocer qué medidas lleva adelante el Gobierno bonaerense para prevenir y abordar estos casos.
“La violencia digital no queda fuera de la escuela”, advirtió el legislador marplatense al fundamentar la iniciativa, que apunta a conocer tanto las herramientas disponibles como su implementación efectiva en el ámbito educativo.
El proyecto busca determinar qué protocolos y programas tiene en marcha el Poder Ejecutivo provincial para enfrentar esta problemática, si las escuelas conocen esos mecanismos y qué tipo de respuesta reciben quienes atraviesan situaciones de violencia digital.
Garciarena planteó que la existencia de herramientas de prevención no resulta suficiente si no se garantiza que lleguen a las instituciones y puedan activarse cuando se presenta un caso. En ese sentido, remarcó la necesidad de conocer cómo funciona la respuesta estatal y cuáles son los mecanismos de acompañamiento para las víctimas.
“Las familias deben conocer qué hace el Estado para proteger a sus hijas e hijos”, sostuvo el diputado, quien vinculó el planteo con la obligación de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa pone el foco en la responsabilidad del Estado frente a una modalidad de violencia que puede trasladarse al ámbito escolar y afectar a estudiantes, sus vínculos y su privacidad. Por eso, el pedido de informes también apunta a conocer si existen mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la efectividad de las políticas implementadas.
“Garantizar sus derechos requiere políticas públicas adecuadas, una implementación efectiva y mecanismos de seguimiento que aseguren la protección integral de niños, niñas y adolescentes”, concluyó Garciarena.