Pablo Sánchez de la Sociedad de Conductores de Taxis, cuestionó la reglamentación firmada por Montenegro en su regreso a la Intendencia y denunció la falta de controles, límites para los vehículos y condiciones equitativas para competir con las aplicaciones.
La reglamentación de las aplicaciones de transporte de pasajeros volvió a tensar la relación entre el gobierno municipal y los taxistas. En diálogo con LoQuePasa.net, el referente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Pablo Martín Sánchez, cuestionó con dureza la decisión del intendente Guillermo Montenegro de avanzar con la implementación de la normativa, que se convirtió en su primera medida de gobierno tras regresar al sillón principal de la comuna.
“Es una normativa con la que nosotros no estamos de acuerdo, es una lavada de cara para pretender habilitar un servicio que no va a tener control”, sostuvo Sánchez, quien aseguró que los planteos realizados por el sector durante el tratamiento de la ordenanza no fueron contemplados.
El dirigente apuntó contra la falta de límites para la cantidad de vehículos habilitados y las condiciones exigidas para prestar el servicio. En ese sentido, cuestionó que “se permita trabajar con autos de hasta 15 años de antigüedad y que no se establezca un cupo de unidades”.
Además, advirtió sobre la delegación de responsabilidades en las empresas que administran las plataformas. “No sabemos si van a querer operar porque nunca se las convocó para que se presenten”, señaló, al tiempo que puso en duda la capacidad municipal para controlar la actividad por la falta de recursos humanos y tecnológicos.
Sánchez también enumeró otros reclamos que, según indicó, quedaron afuera de la regulación: la creación de registros específicos de choferes y vehículos, la obligación de mantener al día las tasas municipales y la exigencia de que los autos tengan cuatro puertas. Sobre este último punto, consideró que permitir unidades de dos puertas representa “una falta de respeto hacia el pasajero”.
La reglamentación quedó formalizada mediante el Decreto 1978/26, que establece los requisitos para la inscripción de las Empresas de Tecnología de Movilidad (ETM) en un registro municipal y fija un plazo de adecuación de 90 días. Las plataformas que ya operan en General Pueyrredon deberán iniciar su inscripción durante los primeros 45 días.
Pese a las críticas del sector, el Ejecutivo avanzó con la implementación de la ordenanza sancionada en junio, mientras los taxistas mantienen sus cuestionamientos sobre las condiciones de competencia y los mecanismos de control previstos.