La senadora marplatense Cecilia Martínez cuestionó la iniciativa para que la Provincia recupere la administración del complejo y advirtió que el planteo podría terminar en los tribunales. Desde La Libertad Avanza sostienen que existe un conflicto jurídico sobre la propiedad de los inmuebles.
La disputa por el futuro del complejo turístico Chapadmalal sumó un nuevo capítulo luego de la aprobación en el Senado bonaerense del proyecto impulsado por la senadora Fernanda Raverta. Desde La Libertad Avanza, la legisladora marplatense Cecilia Martínez anticipó que la iniciativa podría derivar en una demanda judicial debido al conflicto que, según planteó, existe en torno a la titularidad de los terrenos y edificios.
El proyecto declara la voluntad de la Provincia de recuperar el dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal, mantener su destino vinculado al turismo social y habilitar al Fiscal de Estado a promover acciones judiciales y cautelares para avanzar en la restitución de los inmuebles.
Martínez planteó que “el debate no pasa por desconocer el valor histórico del complejo, sino por discutir quién debe administrarlo y bajo qué esquema”. En ese sentido, recordó que Chapadmalal cuenta con protección patrimonial y sostuvo que esa condición no implica necesariamente que los hoteles deban continuar bajo gestión estatal.

La senadora libertaria defendió, en cambio, la alternativa impulsada por el Gobierno nacional, que contempla concesionar los nueve hoteles por un período de 30 años para incorporar inversión privada, realizar obras de restauración y reducir los costos de mantenimiento estatal.
Otro de los argumentos utilizados por Martínez estuvo vinculado al impacto económico que tuvo históricamente el funcionamiento del complejo. Durante el debate, cuestionó que el Estado afrontara una parte importante del costo de las estadías y puso en duda que la Provincia pueda asumir ahora los gastos necesarios para sostener y recuperar las instalaciones.
Pero el principal punto de conflicto quedó centrado en la cuestión jurídica. “El proyecto plantea algo que además tiene un escollo legal, al querer avanzar sobre la titularidad”, advirtió Martínez, quien anticipó que para concretar esa recuperación sería necesario iniciar una acción judicial y obtener un fallo favorable.
Desde la oposición también se había cuestionado durante el tratamiento legislativo que una ley provincial pudiera avanzar sobre decisiones y actos administrativos vinculados a bienes cuya titularidad es discutida.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto de Raverta continuará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados bonaerense. Allí, el futuro de Chapadmalal volverá a enfrentar dos posiciones contrapuestas sobre su administración, financiamiento y destino.