Al igual que los libertarios, Montenegro también va contra la jueza Pascual y pedirá su juicio político

El PRO bonaerense profundizó su rechazo a la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el senador provincial Guillermo Montenegro adelantó que promoverá un pedido de jury contra la magistrada.

La iniciativa se suma a la ofensiva que ya había impulsado La Libertad Avanza contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. Desde el PRO, además, el diputado Alejandro Rabinovich había encabezado un proyecto de repudio a la decisión judicial.

Pascual resolvió hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por organizaciones nucleadas en la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y dispuso frenar temporalmente la aplicación de la Ley 27.801, vigente desde el último sábado.

La jueza fundamentó su decisión en las condiciones del sistema bonaerense para alojar a adolescentes privados de la libertad. Según sostuvo, la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos institucionales y el personal necesarios para afrontar un posible aumento en la cantidad de jóvenes detenidos.

Montenegro cuestionó con dureza esa resolución y consideró que un fallo cautelar no puede detener la aplicación de una norma aprobada por el Congreso nacional. “Los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no. La política criminal la define el Congreso”, expresó.

El legislador marplatense puso además el foco en las víctimas de hechos delictivos y sostuvo que el Estado debe priorizar a quienes padecen la inseguridad. “Yo tengo claro de qué lado estoy: del lado de las víctimas, de los vecinos que quieren vivir tranquilos y de los que cumplen la ley”, afirmó.

En su presentación, Montenegro pedirá que se investigue la actuación de Pascual por posibles irregularidades, incumplimiento de los deberes de su cargo y otras causales que podrían derivar en su enjuiciamiento. También solicitará su apartamiento preventivo mientras avance el expediente y, eventualmente, su remoción e inhabilitación.

“Si faltan lugares para alojar a los delincuentes, que el Gobierno provincial los construya. La ineficiencia del Estado no puede ser la excusa para dejar de aplicar la ley”, lanzó el senador provincial.