Nuevo Régimen Penal Juvenil: la Provincia prepara más plazas y cuestiona a Milei por “no poner un centavo”

La suspensión judicial por 60 días de la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires reavivó el debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. En ese contexto, el marplatense José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, dio detalles sobre el trabajo que viene realizando la Provincia para adecuar el sistema ante los cambios que plantea la norma.

Zerillo rechazó que el Gobierno bonaerense se encuentre en rebeldía frente a la ley y aseguró que, aun sin recursos específicos enviados por la Nación, se avanzó con obras y medidas para ampliar la capacidad de alojamiento.

El funcionario puso el foco en la dimensión del desafío. Actualmente, el sistema provincial cuenta con 348 plazas y, según señaló, Buenos Aires concentra el 63% de los jóvenes menores de 18 años privados de la libertad en el país. Con la modificación de los criterios de punibilidad, la cantidad de personas alcanzadas por el sistema podría crecer considerablemente.

Para responder a ese escenario, la Provincia puso en marcha distintas intervenciones. Entre ellas, destacó el Complejo Abasto, donde ya fue inaugurado el primer módulo de un proyecto que contempla seis estructuras, cinco destinadas al alojamiento y otra al área de enfermería, además de una escuela y una cancha multipropósito.

También se encuentran en marcha trabajos de recuperación de dos módulos que habían quedado fuera de funcionamiento por su deterioro edilicio y la adecuación de un predio en La Matanza perteneciente al Organismo de Niñez.

Zerillo remarcó que el objetivo no es únicamente sumar lugares. “Nosotros no nos vamos a resignar a que la discusión sea cómo amontonar jóvenes”, afirmó en diálogo con La Cielo, al sostener que las medidas de privación de la libertad deben cumplirse en espacios adecuados y sin generar hacinamiento ni situaciones de violencia.

En ese sentido, cuestionó al Gobierno nacional por haber impulsado la reforma sin prever partidas para que las provincias puedan afrontar su implementación. “El gobierno nacional no destinó un solo centavo”, sostuvo.

Además, criticó el plazo de 180 días establecido para la aplicación integral de la norma y consideró que resulta insuficiente para planificar obras, licitarlas, construir infraestructura y formar el personal necesario. Según Zerillo, la Provincia ya trabaja para adecuarse al nuevo escenario, pero reclamó que la Nación asuma también su responsabilidad en el financiamiento del sistema.